Justicia inadecuada Obras y daños
El estado de la justicia potosina queda reflejado claramente en el caso de la adolescente Lupita Viramontes, asesinada hace 13 años, en el que, si bien hubo detenidos y sentenciados, el Poder Judicial ha dado un trato sumamente benigno para uno de los femenicidas, lo que ha generado inseguridad a sus deudos.
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La familia ha documentado cómo uno de los responsables de la muerte de la adolescente estuvo prófugo 10 años, hasta que fue detenido para enfrentar una condena de 18 años, la cual se redujo a 3 años.
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La pena se redujo todavía más, para llegar a menos de dos años. El convicto fue liberado, sin ningún tipo de restricción de acercamiento a la familia que le acusó. Esto es importante porque ya se habían registrado antecedentes de amenazas contra ellos.
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Se trata de un caso más en el que se exhiben deficiencias en los fallos de las autoridades judiciales y que hacían urgente una restructuración, lo que a su vez dio a la 4T pretexto para su elección que arrasó al PJE como lo conocíamos, con lo malo, pero también lo positivo.
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La desastrosa inundación en Tamazunchale levantó un debate sobre la responsabilidad de las autoridades en los daños generados por obras públicas.
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Vecinos del sector de Loma Bonita, en la cabecera municipal, está culpando a la anterior administración municipal por una obra en un asentamiento vecino obstruyó el paso del agua, que inundó decenas de viviendas.
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Habrá que ver cómo reacciona el gobierno actual, al que los damnificados le solicitaron intervenir para sancionar los efectos negativos de la obra.
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Por lo pronto, urge una respuesta inmediata a las poblaciones huastecas que enfrentaron las copiosas tormentas que mantienen a varios municipios inundados.
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Y aquí en la capital, lo usual: colapso de la vialidad por la inundación de algunas de las vías más importantes de la Zona Metropolitana.
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La audacia… Al no presentar observaciones en el primer paquete de únicamente 4 revisiones del ejercicio 2024 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, la administración estatal que ha incurrido en múltiples tretas para evitar publicar información de oficio o entregarla previa solicitud ciudadana, presume ser uno de los gobiernos más transparentes del país.