La peor alternativa Golpe de efecto
Aunque algunos sectores de la sociedad, hartos de la impunidad de la que gozan los criminales no ven con malos ojos el linchamiento de los delincuentes capturados por civiles, en realidad se trata de un grave crimen en sí mismo, que refleja la terrible situación de la justicia en México.
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El miércoles por la noche, ocurrió uno de estos casos en Bellas Lomas, cuando varios presuntos habitantes de la colonia golpearon y luego asesinaron a otro sujeto, acusándolo de ser un presunto ladrón.
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Los agresores hicieron justicia por propia mano, sin mediar alguna autoridad, sin que se presentaran pruebas de su culpabilidad y sin tomar en cuenta la ley.
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La caída a esos niveles no puede ser permitida por las autoridades y en modo alguno recibir aprobación de la sociedad, pues se estaría apoyando el crimen como castigo al crimen.
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Por más fallas que tengan los sistemas de seguridad pública y procuración e impartición de la justicia, éstos siempre son preferibles al linchamiento, pues de ahí a la barbarie hay poco espacio.
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Por esta razón, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la aplicación e justica para todos.
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Durante la entrevista que el alcalde Enrique Galindo Ceballos tuvo con Pulso Online poco después de su tercer informe, dio un adelanto de lo que a la postre resultaron ser los ceses de 4 funcionarios de la Dirección de Comercio a causa de la tragedia del bar Rich, a los que, adelantó, se les aplicarían sanciones,
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Y ahí mismo, críptico, Galindo Ceballos señaló que se había registrado otro incidente en otro antro, de mayor gravedad, del que no se hablaba. Enfatizó esa gravedad diciendo que el caso le dolía en lo personal.
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Aunque se resistió a precisar de qué se trataba ese caso, al final, hizo el compromiso de tratar abiertamente el tema en una entrevista posterior.
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Ese fragmento de la entrevista se publicó el 26 de septiembre. A dos semanas y un día de salir al aire, el edil pareció olvidarse del compromiso. Y las anunciadas sanciones tampoco se conocen. Lo que reduce el anuncio a solo un golpe de efecto.
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Quizá la Contraloría esté demasiado ocupada en otros asuntos, pues el hecho de que sea el ayuntamiento capitalino el que más funcionarios tenga sancionados por el Sistema Estatal Anticorrupción a causa de las omisiones en la entrega de las declaraciones patrimoniales, tarea encomendada a las contralorías de los organismos obligados.
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El caso de la extitular del Instituto Potosino de la Juventud. Alejandra Camacho, esté desnudando serias divergencias al interior de gobierno. Por un lado, el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres, dio visos de querer atender el caso y sancionar al director del Inpode, Joaquín García, por tomarse atribuciones que no le correspondían al despedir a su excompañera.
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Pero ayer, tanto el Oficial Mayor, Noé Lara, como el gobernador Ricardo Gallardo, dejaron muy en claro que no les importa la suerte de la excolaboradora no sólo por minimizar el caso, sino por achacar a la alteración de la funcionaria el origen de la denuncia, una postura demasiado baja para un problema tan serio.
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¡HASTA MAÑANA!
