Las actas ocultas Trabajo sin paga
Las leyes de transparencia y acceso a la información pública tanto federal como locales, establece criterios de reserva de la información pública y puede ser por protección de datos personales, por tratarse de información confidencial, información reservada y en su caso por investigaciones en proceso. Cabe la observación porque según las revisiones recientes, el Interapas se suma a las instituciones públicas que no suben a las plataformas la información del uso de sus recursos, y por lo tanto el origen y el destino está en duda. La opacidad comenzó a verse con más claridad cuando dejaron de aparecer las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno.
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Como tales, los procesos administrativos de entrega de información pública abren la posibilidad de que —sin pretextos— una institución pública atienda a los peticionarios entregando todo aquello que es público, pero testando todo lo que no debe quedar en manos del público, es decir aquellos parámetros de criterios descritos en el párrafo anterior. Parte de los criterios tiene que ver con la información de los estados de salud, de los detalles de la división de los salarios integrados, de los datos sensibles tales como los familiares, del estado que guardan casos que se encuentran en contralorías, de actividades de planeación que aún no han concluido en algún resolutivo, por ejemplo, para abrir procesos de licitación.
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Sin embargo, nada justifica la transparencia acotada en los asuntos de interés público, y como alguna vez dijo algún activista de la transparencia, la falta de información pública ya se ha venido convirtiendo en una pachanga, porque no hay quien regule a los opacos, empezando por funcionarios de Gobierno del Estado que ya tienen sobrada experiencia en ocultar información, desde que pertenecieron a las alcaldías del mismo grupo político, ahora en el poder. Ante la falta de regulación, todo parece indicar que lo que está en activo es una generación de servidores públicos menos responsables con la información pública, y el Interapas pudiera ya ser parte del juego del mal ejemplo que le dieron otros. Dicen que lo que hace la mano hace la cola, y si el presidente de México oculta sus obras emblemáticas, cunde el mal ejemplo hasta la esfera municipal.
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Aunque es solo el dato de quienes contestaron la encuesta, el INEGI comienza a cuadrar el universo de personas de trabajo doméstico que no tienen acceso a una remuneración como tal. El análisis de la institución se concentra en las mujeres y sobre todo en la productividad, que según los datos de la encuesta, arrojó que el sector varonil en tal labor es menos colaborativo. Lo que sigue es que alguien se anime a profundizar en la parte multifactorial de las diferencias entre el trabajo que realizan los hombres y las mujeres. El INEGI bien podría profundizar en el estudio, y con toda seguridad arrojará datos interesantes.
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Mucho trabajo le espera al nuevo titular de la Secretaría de Finanzas, si se considera que ya se ha vuelto estilo del actual gobierno estatal, el retraso de pagos que ha pegado por ejemplo en las pensiones. Nada promisorio se antoja el futuro para los trabajadores de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación que ya se jubilaron, si al causar baja de la actividad no tienen garantizado el pago de sus percepciones en tiempo y forma. Recientemente, el propio director de pensiones del estado reveló en el Congreso que las acciones del Congreso son necesarias, si es que no se quiere que el problema se agrave.
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¡HASTA MAÑANA!
