Metalclad 2.0 Cables a la vista
La sombra de Metalclad y el caso La Pedrera se cierne de nuevo sobre San Luis, con casi los mismos ingredientes: un proyecto de capital extranjero en territorio estatal que se topa con obstáculos legales de una autoridad mexicana para operar. En consecuencia, la compañía afectada acude a tribunales internacionales buscando defender su proyecto o ser indemnizado.
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En los noventa, México perdió un litigio internacional en una instancia generada por el Tratado de Libre Comercio entre México, EUA y Canadá, presentado por la empresa recicladora Metalclad, que pretendía construir un confinamiento de residuos peligrosos, bloqueado por reformas legales orientadas, precisamente, a impedir su operación por considerar nocivo el proyecto. México perdió el arbitraje y pagó una millonaria indemnización.
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El caso lo examinó el diario El País hace unos días. Ahora, la empresa es una española, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), el acusado es el gobierno federal y el proyecto es un campo de generación de energía limpia establecido por la subsidiaria Potosí Solar en Villa de Ramos.
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La polémica política energética del gobierno de AMLO mantiene bloqueado el proyecto desde 2019, a través de la negación de permisos de la Comisión Reguladora de Energía.
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Hace unos días, FRV presentó una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, un ente dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington, por la presunta violación de un acuerdo comercial firmado entre España y México.
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La demanda apenas inició y no será rápida la resolución, pero el caso tiene un preocupante deja vu para el estado.
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El ayuntamiento capitalino y el Instituto Nacional de Antropología e Historia deberán encontrar un balance entre la necesidad de preservar el patrimonio histórico de la ciudad y la urgencia de terminar una obra en una vía de gran importancia: la Calzada de Guadalupe.
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Ahí se materializó una de las pesadillas de los ingenieros: que en medio de su obra, se registre el hallazgo de vestigios de antiguas construcciones, en este caso, el desaparecido Templo de la Merced.
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La protección del patrimonio histórico es obligada, tanto por amor a la historia de la ciudad, como legalmente. No hay vuelta de hoja.
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Pero igualmente obligado es liberar la vialidad en una zona que lleva ya varios meses estrangulada por esa obra y por el polémico proyecto estatal en San Miguelito.
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Por esa razón, ambas instancias deberán encontrar una situación rápida que satisfaga ambas urgencias.
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Resulta desconcertante que, después de que las autoridades estatales y de la capital gastaran millones de pesos en quitar de la calle postes y kilómetros de cable que afeaban el Centro Histórico, ahora vemos cómo unas anónimas cuadrillas tienden, de nuevo, la maraña por la calle Independencia, justo en Aranzazú.
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Se trata de un sistema de wifi, no se sabe si publica o para cámaras de vigilancia que también empiezan a verse, en el que se usan puntos de acceso de la empresa Ruijie.
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Cualquiera de las autoridades responsables de este proyecto, deberían saber que está violando normas ya establecidas para evitar la contaminacón visual.
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¡HASTA MAÑANA!



