Otro ataque Estímulo policial
De nueva cuenta, la cabeza de un municipio vuelve a ser blanco de la violencia. Ahora fue la alcaldesa de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, del PVEM.
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Mientras transitaba por la carrera a Tanquián, desde otro vehículo, le arrojaron “ponchallantas” que dañaron su camioneta. Su conductor no se detuvo y los atacantes huyeron.
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Se trata del más reciente ataque a un gobernante municipal desde el asesinato de Jesús Franco, presidente municipal de Tancanhuitz, ocurrido en diciembre.
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El ambiente político sigue siendo peligroso y los políticos ya no están a salvo.
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A partir del viernes pasado, los elementos de la Guardia Civil del Estado tendrán otro motivo para preocuparse si las estadísticas de homicidios dolosos se salen de control: sus bolsillos.
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La corporación estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado los Lineamientos para otorgar estímulos económicos a elementos que desempeñan funciones operativas en campo.
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En ellos, dispone un estímulo mensual de 5 mil pesos a los veteranos y de dos mil 200 pesos a los novatos.
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Se consignan los requisitos y los motivos por los cuales se cancelaría el apoyo y uno de ellos llama la atención: que en el estado el conteo de homicidios dolosos registrados en un mes sobrepase los 45 casos.
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La GCE, pero sobre todo la Fiscalía General del Estado, la encargada de la contabilidad de los casos delictivos, deberán ser transparentes en este asunto, porque el acuerdo de la GCE no diferencia sobre cuál conteo de los que realiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el de víctimas o el de denuncias.
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Porque hay diferencias. El SNSP contabiliza denuncias y víctimas, y casi siempre hay más de las segundas que las primeras.
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Y esto es importante, porque si la regla hubiera aplicado en 2024, el límite de denuncias no se habría rebasado, pero en el caso de personas asesinadas, el estímulo se hubiera perdido en tres meses, febrero (48 víctimas), junio (50 víctimas) y noviembre (49 víctimas).
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Habrá que estar pendientes de si esta medida implica o no una mejora en la seguridad.
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Pero en lo que no ha mejorado la CGE es en sus procedimientos. La detención, aparentemente arbitraria, de cuatro jóvenes vallenses por participar en una protesta por parte de agentes que los trasladaron sin respetar los protocolos y sin informar durante el trayecto la familia del destino de sus parientes.
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Tras ser ubicados en la capital, el caso de los jóvenes se complica porque autoridades les informaron a sus parientes que “ya no dijeran nada”.
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El caso pinta para ser tomado por las instancias de derechos humanos.
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¡HASTA MAÑANA!
