Otros datos (irreales) Obra al aventón
No habrá poder humano que logre que los funcionarios de esta administración admitan que no están haciendo bien su trabajo.
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Parece que para ellos, es preferible quedar exhibidos ante las evidencias de la realidad a contradecir el discurso del éxito ineludible y eterno de sus acciones.
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Lo mismo sea decir que habrá un torneo nacional en un inmueble en obra negra o que pese a los reclamos mensuales de millonarios adeudos en Pensiones, se presuma puntualidad en los pagos.
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O que se asegure perfección en la procuración de la justicia en San Luis cuando instancias públicas y ciudadanas desnudan la impunidad e ineficiencia dominantes.
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Todo sea por salvar la cara. Así sea quedar evidenciado de que no se sabe a ciencia cierta lo que responde o se abrace la inexactitud como salvavidas.
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Como lo hizo el fiscal estatal José Luis Ruiz Contreras, que ante los contundentes documentos de México Evalúa sobre los altos índices de impunidad en el estado, o el censo del Inegi en la materia, que revela la poca efectividad de la instancia a su cargo.
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Como el decir que de las 55 mil 902 denuncias que contabilizó el Censo Nacional de Procuración de Justicia en 2022, no todas estaban relacionadas con hechos delictivos, sino que podrían ser de otra competencia.
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El boletín con que el Inegi da a conocer los datos de su censo menciona específicamente que el ejercicio se refiere a la gestión y desempeño de las fiscalías estatales, a las que incluso citan como fuentes.
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Adicionalmente, al cruzar los datos del Inegi con las estadísticas delictivas del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2022, en el caso potosino coinciden exactamente las cifras de esta dependencia con las del instituto. ¿Por qué? Porque tienen la misma fuente: la FGE.
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Afirmar que parte de las denuncias que menciona el Inegi estén relacionados no sólo a hechos delictivos, sino a temas agrarios, civiles y de otra competencia es una inexactitud, por decir lo menos.
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Se va gestando un brete presupuestal por la incertidumbre que persiste sobre la municipalización de Pozos.
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La alcaldía va a tener que presentar dos iniciativas de presupuesto, una propia en caso de que se municipalice la villa y otro que, en caso de que el proceso naufrague, siga incluyendo a la delegación.
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El problema vendría en caso de que, una vez decidida una alternativa, el proceso legal termine posteriormente con un fallo en sentido contrario.
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Es decir, que se apruebe el presupuesto conjunto y el fallo permita la municipalización, o viceversa.
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Los diputados deberán estar en estrecha coordinación para optar por una alternativa, pero también tener un plan B.
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Los automovilistas que tienen el infortunio de circular por la carretera a Rioverde se enfrentan a las consecuencias de una obra inaugurada precipitadamente. El puente “atirantado” no estaba listo, pero se abrió a la circulación sin semáforos, con obras de drenaje inconclusas y otros detalles cuyos arreglos están quedando a la vista.
Que los charros se vean en ese espejo.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
