Pago en duda Los datos duros
Que se haya aprobado la reforma a la Ley de Pensiones no implica que vayan a solucionarse los problemas que enfrenta el sistema estatal de retiro porque evade el origen de la crisis: el enorme endeudamiento que han dejado las administraciones estatales, en especial, la de Ricardo Gallardo Cardona.
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De acuerdo a datos más recientes de la propia Dirección General de Pensiones (DGP), correspondientes a abril, el gobierno estatal adeudaba cuatro mil 808.9 millones de pesos. De ellos, tres mil 612.2 millones corresponden a esta administración. De octubre de 2021 a la fecha, el pasivo se ha incrementado en este gobierno.
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En las actas de las sesiones de la Junta Directiva del organismo, integrada por directivos de la DGP, representantes de burócratas y de maestros (beneficiarios del sistema) y de funcionarios estatales quedan plasmados los repetidos reclamos para que el gobierno estatal salde su deuda, quedando claro que la crisis viene de esa falta de pago.
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La reforma a la Ley de Pensiones, sin embargo, no reconoce esa realidad y de hecho, no lo menciona en ninguna parte.
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Es más, ni siquiera admite que remediar el pasivo que se dejó crecer por parte de los ocupantes del Palacio de Gobierno sea el origen de la reforma.
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En la exposición de motivos de la reforma se expresa que el motivo de la reforma fueron amparos obtenidos por beneficiarios y por organizaciones que los representan, en el que se ordenaba a las autoridades estatales encontrar el modo de sanear las finanzas de Pensiones.
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Es decir, no la deuda, sino la posibilidad de una sanción judicial por no cumplir con la obligación de garantizar el saneamiento del sistema.
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Todavía no queda claro si hacer ese saneamiento y pagar la deuda sean lo mismo. Hasta ahora, no hay evidencia de que la reforma vaya a obligar al gobierno estatal a cumplir conese compromiso.
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En la semana que concluyó, el gobierno municipal presumió que durante las recientes lluvias, que anegaron diversos rumbos de la ciudad, el nuevo paso a desnivel de Sierra Leona no se anegó.
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¿Qué no se supone que una obra pública debería funcionar así desde su conclusión? ¿Por qué debería lo normal ser motivo de promoción?
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Los números que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de inseguridad para San Luis potosí son desastrosos.
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La cantidad de delitos se disparó en este sexenio, incluyendo los asesinatos dolosos.
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La tesis de los “otros datos” está demasiado lejos de la realidad.
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¡HASTA MAÑANA!
