Peor castigo, por defenderse Cargo de relleno
Un país menor de edad, será sin duda la herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien las administraciones federales panistas y priistas dejaron múltiples pendientes por resolver, incluso a través de la vía penal, la indigencia intelectual de quienes gobiernan el país, ahora por medio del reciente partido Morena, ha dejado sin dinero al México que requiere con urgencia profesionalizar a los nuevos operadores del sistema penal acusatorio, oral y adversarial.
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Y no es un hecho aislado. A la llegada de gobierno que se autodenomina 4T, la primera ocurrencia en esa materia, fue sustituir el criterio de jueces, por una reforma legal que encierra a todo el que se les antoje, sin investigación previa, y con base en artículos de la ley que los diputados decidieron desde la comodidad de su curul, en vez de que el Poder Judicial pudiera perfeccionar por su cuenta.
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El sistema penal adaptado, es seguido de manera aislada por unos y otros que hacen el esfuerzo de recuperar su espíritu original, de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno mexicano, por la violación al principio de presunción de inocencia, la falta de transparencia en los procesos, la ausencia de los jueces, y la exhibición pública de personas sin ser juzgadas.
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La sentencia era producto de un largo litigio promovido desde las administraciones priistas, hasta el gobierno de Vicente Fox, y el gallo dictado en 2008, en contra del gobierno encabezado por Felipe Calderón, quien debió promover la reforma al artículo 20 constitucional.
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La contraorden del grupo de la indigencia intelectual, para volver a encerrar y exhibir gente sin ser juzgada, o sin dar motivos de reincidencia o peligrosidad, solo porque un artículo operativo de la ley quiere, y no por determinación procedimental de un juez, es un retroceso a dos décadas.
El estado que guarda el sistema acusatorio, y las adaptaciones a conveniencia del gobierno de la transformación de la que ya se perdió el número, es el reflejo de un otrora luchador social, que desde sus manifestaciones porriles en el tricolor, luego en la derecha moderada, luego en la izquierda y por último en su propio negocio político, que impone sus criterios pasando por encima de lo que sea.
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Verdaderos juristas, abogados que conocen el fondo del litigio, magistrados, ministros, notarios públicos, corredores públicos, senadores y diputados licenciados en derecho, peritos, criminalistas, investigadores jurídicos, defensores de Derechos Humanos y hasta politólogos, parecen solo estar esperando a que Andrés Manuel termine 2024 y se vaya, antes de que siga mandando al diablo las instituciones, como lo prometió en su campaña del año 2006, la primera de sus intentos por ganar la Presidencia de la República.
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El pronunciamiento de la Barra Mexicana de Abogados por los detenidos sin criterio de juez, y una demoledora investigación de la Fundación Renace, son sólo dos productos que exhiben los excesos del poder.
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¿Qué le deberá Vania Moreno Solano al gobierno actual? Una persona inexperta en la administración pública, que ni siquiera se paraba en el parque Tangamanga porque no le sabía a su aspecto operativo. ¿De qué tamaño es la deuda, que la nombraron en un cargo de rectoría por cuya formación profesional y experiencia no le alcanza? ¿Cómo es que está al frente de la Universidad Tecnológica Metropolitana alguien que ni siquiera tiene proyecto para resolver los problemas de una institución educativa, obligada a empatarse con el desarrollo industrial del estado, y las exigencias de competencias profesionales del mundo globalizado? Eso del cargo de relleno, se sabrá tarde o temprano.
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¡HASTA MAÑANA!
