Pozos “pirata” Intento fallido
Resulta preocupante que una buena parte de la explotación del acuífero potosino se haga de manera irregular y clandestina.
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La cifra que estima el director del Interapas, Jorge Torres López, de unos 500 pozos irregulares, estaría sujeta a la consulta de la autoridad encargada, precisamente, de controlarla, la Comisión Nacional del Agua.
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Pero el funcionario tiene amplia experiencia en la materia, aquí y en otras partes del país y en ella cifra sus cálculos. Además, ya ha pasado algo de tiempo en el Interapas y muy probablemente ya se ha hecho de un cuadro de la situación del agua en la zona Metropolitana.
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El caso es que, ya de por sí debilitado, el acuífero capitalino puede ser blanco de una presión aún mayor de volúmenes no reportados oficialmente.
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Está además el problema de salud. El funcionario deslindó de manera tajante que el organismo maneje pozos con proporciones excesivas de arsénico, pero reconoció no conocer la situación en las otras fuentes, lo cual, en estricto sentido, no es su responsabilidad.
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Ojalá que pronto las autoridades del ramo se enfoquen en investigar cuántos casos de esta naturaleza se registran en la zona Metropolitana y se emprendan las acciones requeridas.
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El golpe de la pandemia de Covid a la economía estatal la pagó una buena parte de la población estatal, que el año pasado enfrentó alguna de las facetas de la pobreza.
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En concreto, casi 90 mil habitantes cayeron en esa circunstancia. En algo también habrá contribuido la desatención de los tres niveles de gobierno en un problema que, paradójicamente, siempre dicen combatir con éxito.
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Ojalá que el populismo que empuja este gobierno estatal no saque provecho político de esta tragedia. Las acciones sin embargo, apuntan a una dirección contraria.
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La Secretaría de Seguridad Pública quiso matizar su intimidante comunicado del miércoles en el que amenazaba con espiar y perseguir penalmente la difusión de imágenes y videos vinculados a la delincuencia organizada.
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Ayer, diversos funcionarios indicaron que no buscaban coartar ninguna garantía y lo que se buscaba era evitar que sociedad y medios de comunicación le hicieran el juego a los grupos delictivos en su macabro juego de intimidación.
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Sin embargo, los tintes de amenaza no desaparecieron al señalar que la autoridad “no permitirá” esta práctica, a la que sigue atribuyéndole tintes delictivos y, por tanto, perseguibles.
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Pese al intento, no salen del atolladero, pues hasta el momento no tienen asidero legal. Lo intentaron citando que la difusión ilícita de imágenes es un delito previsto en Código Penal, citando incluso el artículo 187.
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Sin embargo, el apartado se refiere únicamente a la difusión de imágenes de índole sexual, hechas públicas sin consentimiento de la víctima.
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La SSPE hizo una pirueta argumentativa al intentar ligar ese artículo a temas de procuración de justicia al difundir imágenes relacionadas con la procuración de la justicia, lo cual no está tipificado en el Código.
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Al menos ya no se manejó la amenaza de utilizar los recursos del Estado para espiar y detectar estas imágenes, pero la autoridad parece empeñada en impulsar una idea que parece correcta, pero con los medios equivocados.
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¡HASTA MAÑANA!
