Pozos y el dinero oculto Vacaciones de sobra
Ya hasta la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) le brincó al gobierno “verde” de Villa de Pozos. Y es que parece guardar la misma línea operativa de los gobiernos que esconden información. Para que alguna autoridad municipal reciba ingresos hay un protocolo que debe seguir el pleno de su cuerpo colegiado, que en este caso es el Concejo Municipal y el cual consiste en seguir paso a paso y peso por peso todos los ingresos, ya sea por impuestos, multas o pago de derechos, y ya en casos extremos, también por donativos. Las fiestas principales de Pozos comenzaron apenas media semana después del comienzo de operaciones de su nuevo gobierno. La gastadera fue fenomenal y es fecha que no rinden cuentas. Peor aún, el secretario del Concejo René Oyarvide, afirma porque evidentemente así lo cree, que no tiene porqué rendir cuentas de tal erogación ya que se trató de donaciones de particulares. La CEGAIP ya le aclaró las cosas y lo emplazó a informar.
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Poco a poco empiezan a darse los cambios en diferentes dependencias. Todo parece indicar que la recién nombrada directora del Centro de Conciliación Laboral, Cecilia Senyace Ochoa Limón, asume desde este lunes la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sustitución de Néstor Garza Álvarez. El movimiento no es casual, si se considera que la posible nueva secretaria es hija de Cándido Ochoa Rojas, uno de los principales operadores de la ruta que llevó a la gubernatura a José Ricardo Gallardo Cardona. Por esa causa, Néstor Garza, quien ha mostrado lealtad al gallardismo, se queda dentro de la administración estatal, pero con una nueva responsabilidad en la Universidad Politécnica.
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Los cambios y enroques incluirán a otros directores, pero todo parece indicar que alguien está haciendo un análisis más sesudo de cómo ajustar el gabinete, del que sólo se espera una funcionalidad aproximada de dos años, a decir de que ya no falta mucho para el reinicio de las hostilidades electorales. Al final de los sexenios, si los gobernantes terminan con altos niveles de aprobación, lo será por su capacidad de movilización o de gestión para mantener cautiva a la clientela política. Es ahí donde los funcionarios públicos deberán dar resultados, o pensar en dejar su responsabilidad al frente de un cargo del que su jefe es un gobernador que les exigirá mínimo no proyectar mala imagen en público.
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En materia educativa, los temas están calientes. Parece ser que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se saldrá con la suya de exigir a los colegios particulares suspender clases durante el viernes o atenerse las consecuencias. Cualquier cosa puede pasar, luego de que se ha validado a nivel nacional, con la renuncia de los ministros, el desmantelamiento de la última generación de un Poder Judicial autónomo. Una vez que se consolide la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un órgano subordinado al Poder Ejecutivo, lo cierto es que pase lo que pase, los jueces del bienestar negarían los amparos a las escuelas que decidieron seguir educando a sus hijos, mientras el gobierno proponía —literalmente— llevarlos al baile.
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Ya es noviembre, y es hora de que las alcaldías no avisan cuántos de sus ingresos sufrirán algún aumento por alzas en los montos de impuestos, multas y derechos por pagar. Es más, apenas la semana pasada concluyó el curso de capacitación para que los integrantes de los cabildos y los tesoreros revisen el plan de entradas y salidas de dinero para cada alcaldía.
HASTA MAÑANA