Remedio lógico Chocolate desabrido
Con dos años de atraso, el gobierno estatal encontró la fórmula para salvar la desesperada situación financiera del régimen de pensiones: pagar sus aportaciones.
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En el listado de riesgos financieros que acompañaba a la iniciativa del presupuesto de egresos para 2024 incluye una sección relacionada con los peligros que acechan a las finanzas públicas estatales.
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No podía faltar, desde luego, el asunto de la Dirección General de Pensiones, un problema que todo el año ha estado presente, ya sea a través de los reportes mensuales de la Dirección General de Pensiones o de las protestas de empleados y jubilados que han sufrido las consecuencias del impago gubernamental. Coincidentemente, ayer se registró una de estas manifestaciones.
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En el mencionado anexo presupuestal sobre las estrategias pensadas para enfrentar el huncimiento financiero, el gobierno estatal menciona que va a “construir estrategias para asegurar el pago a la Dirección de Pensiones, tanto de los adeudos históricos existentes como de los que se generen durante el año 2024”.
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Desde luego, pagar las deudas con Pensiones siempre será una buena estrategia para evitar que sus fondos se descapitalicen,
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Pero fuera de ironías, habría que cuestionar por qué la tardanza en establecer esa estrategia y si se trata de algo más que retórica de parte de un gobierno que se ha especializad en ella.
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Ayer se anunció la ampliación hasta marzo del programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera, conocidos como “chocolates”, en varios estados del país, incluyendo a San Luis Potosí.
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El programa ha sido criticado debido a que representa una competencia desleal a las empresas automotrices que sí cumplen con toda la regulación. También levanta cuestionamientos sobre el impacto ambiental que representan, toda vez que tampoco hay seguridad de que las unidades cumplan con las disposiciones vigentes sobre emisión de contaminantes.
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En contraparte, el gobierno federal ha señalado que las sumas pagadas por quienes se acogen a este programa se destinan a los estados en los que está vigente en el acuerdo. En lo que va del año, el gobierno federal ha reportado una recaudación de casi cinco mil millones de pesos, que se reparten en los estados participantes para que se destinen a la pavimentación de calles.
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Sin embargo, los reportes periódicos del gobierno federal no registran ninguna acción realizada en San Luis Potosí con el financiamiento derivado de los autos chocolates.
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La entidad potosina es una de las pocas que no registran, hasta principios de diciembre, un metro cuadrado de pavimentación con esos recursos.
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¡HASTA MAÑANA!
