Seguridad golpeada Los restos de la CEGAIP
El fin de año se está descomponiendo en materia de inseguridad, con un incremento, durante noviembre, de los robos violentos, en especial, en lo que respecta a autos y robos carreteros, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
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En materia de feminicidios, noviembre se volvió el punto de inflexión del año, debido a que la cifra de asesinatos de mujeres registrada este año ya rebasó a la del año anterior.
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La violencia familiar, un delito que ya estaba disminuyendo luego de años en los que sólo se registraban aumentos continuós, volvió a repuntar en noviembre.
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Los fraudes también subieron y el narcomenudeo, que ese sí sólo ha presentado incrementos, sigue en esa misma dirección.
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En suma, el panorama sigue diferenciándose mucho del discurso oficial que habla de un control homogéneo de la inseguridad.
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Muy extraño resulta el episodio del presunto responsable del asesinato de un bebé en Vanegas, en el que primero se habló de la detención del mismo, al parecer, pareja de su madre; luego, la fiscal Manuela García Cázares desmintió cualquier captura y por la tarde, se informó oficialmente de la detención.
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Tan se consideró que se había concretado una detención que una foto de identificación del responsable, debidamente pixeleada, tuvo amplia circulación el fin de semana, incluso en medios nacionales.
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Este último asunto podría haber evidenciado cierto descontrol en la información y en el material derivado de ella que pudiera haber dado al traste con el trabajo de la investigación.
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Quizá la FGE deba afianzar ese punto y tener un mayor control en las filtraciones de sus materiales.
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La sentencia de muerte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ya está dictada, pero al parecer, no hay todavía reglas para ejecutarla.
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La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que la Cámara de Diputados emitió declarando el fin de los órganos autónomos también oimplió el de sus similares estatales, al menos en el caso del INAI.
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Sin embargo, la hoja de ruta no se ha marcado para definir qué va a pasar con los trabajadores que sean arrojados al desempleo, ni cuánto costarán ni quién pagará sus liquidaciones.
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Tampoco hay reglas para las dependencias que, en teoría, van a heredar sus tareas. Pero en el caso del gobierno estatal, muy sagaz a la hora de encontrar como violar el derecho de los ciudadanos a la transparencia, no parece que eso vaya a importar mucho.
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Más relevante, no se ha definido que cuál será el destino de la mina de datos que almacena la Plataforma Estatal de Transparencia, acumulada desde hace años y que, aún sin la CEGAIP, tiene un valor inestimable.
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¡HASTA MAÑANA!
