Venganza pura y dura Nombramiento cuestionado
Que no haya engaño: el fallo que inhabilitó por 18 años de cualquier cargo público a Xavier Nava Palacios tiene menos que ver con la justicia que con la venganza política.
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Venganza que, hay que decirlo también, fue ganada con creces por el ex alcalde. De hecho, él intentó lo mismo, destruir políticamente al adversario, al perseguir las irregularidades que atribuyó a su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez.
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La decisión de la comisión jurisdiccional legislativa que selló el destino de Xavier Nava fue, sobre todo, originada por el desquite político.
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El PAN se cobró todos los desplantes de la precampaña para elegir a su candidato a la gubernatura. Que la firma de quien fuera líder estatal del blanquiazul en la precampaña, Juan Francisco Aguilar, apareciera en el dictamen es muy significativo.
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El PRI hizo pagar los señalamientos de un opositor recalcitrante. De la gallardía, ni qué decir. Cada voto debió haber generado una sensación de triunfo.
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Y si el fallo fue por unanimidad, quiere decir que ni Morena le brindó algún apoyo.
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Nava Palacios, con su soberbia conducta y su desastroso sentido de planeación política, se ganó a pulso la enemistad de todo el espectro partidista, quedándose prácticamente sin aliados.
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Como alcalde, tampoco se le puede defender. Una ciudad endeudada, con infraestructura deficiente y con decisiones erradas.
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Ayer pagó ambos pecados. Puede ser correcta, en el sentido de que Nava Palacios y el cabildo anterior desacataron un amparo, lo que es bastante grave.
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Pero el Congreso estatal ha visto pasar numerosos juicios políticos contra funcionarios de todos los niveles, por faltas más graves, sin que se tuviera un resultado como este.
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Y en un estado en el que se pudo ver en video a un diputado explicar un complicado esquema para desviar recursos municipales en complicidad con funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, sin que nada pasara, no se puede decir que el combate a la corrupción y a las irregularidades administrativas sea una prioridad.
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Indicio de esto, es lo que sucedió en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. El pasado 29 de noviembre, Ana Elisa Loredo Torres fue nombrada secretaria ejecutiva.
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En 2020, fungía como funcionaria de Registro y Control Patrimonial de la ASE durante la tristemente célebre gestión de José de Jesús Martínez Loredo.
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Al desmoronarse la ASE por el escándalo de la “Ecuación Corrupta”, Loredo Torres fue acusada de falsificar un ascenso laboral en una hoja en blanco firmada por Martínez Loredo, que le sirvió, al ser despedida del cargo, para obtener un laudo de 513 mil pesos, tras litigar el despido.
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La funcionaria buscó ampararse contra procesos de la ASE y del agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, sin éxito en al menos tres casos.
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Del asunto ya no se supo mayor cosa, hasta el nombramiento.
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Los casos de Nava Palacios y Loredo Torres demuestran que, en San Luis potosí, la cuestión de la justicia depende del lado en que uno esté parado.
¡HASTA MAÑANA!
