¿A quién quieren engañar?
En la amarga tarea de “vender” la nueva realidad fiscal que enfrentará San Luis Potosí en 2025, el gobierno del estado está cayendo en imprecisiones, contradicciones y eufemismos que revelan la ausencia de una estrategia sólida que a la vez que justifique la necesidad de los nuevos ingresos, asuma la responsabilidad de los planteamientos.
Resultó penoso el descubrimiento de la sesión a escondidas de la Comisión de Hacienda en el que se discutió la iniciativa enviada por el Ejecutivo y más la postura de la legisladora Patricia Aradillas Aradillas de hacerle el trabajo sucio al Ejecutivo al asumir la responsabilidad de los tres movimientos que más polémica generaron: el incremento del porcentaje cobrado vía el impuesto sobre hospedaje y la creación de las nuevas cargas fiscales por enajenación de bienes y el de bebidas alcohólicas.
Así, el Congreso recibía el balazo que le hubiera tocado al gobierno estatal de haber dado un viraje tan radical a una postura que se había establecido desde mediados de año.
En efecto, en julio de este año, el entonces secretario de Finanzas Omar Valadez Macías, prometía que la iniciativa de Ley de Ingresos de 2025 no preveía la creación de nuevos impuestos propios.
Así, le correspondería al Congreso la ingrata tarea.
Pero el proceso no ha estado exento de controversias e inexactitudes.
Está, por ejemplo, el origen de los nuevos cobros. El gobernador, interrogado luego de que se conociera la sesión secreta, descartó cualquier responsabilidad de su administración y le echó la pelota a la Federación.
No se trataba de incrementos, pese a que sí lo era en el caso de la subida de 3% a 4% en la tasa del impuesto al hospedaje, sino de “homologaciones” que el gobierno cree que “pueden ayudar a la Federación”, atribuyendo a ese nivel de gobierno la responsabilidad.
El asunto es que no existe tal igualdad de políticas fiscales estatales y cada estado decide el porcentaje de cobros impositivos. En el caso del impuesto al hospedaje, los estados están lejos de tener un solo criterio.
El Mapa Fiscal Estatal 2024, publicado por la consultora legal Ramírez Medellín S.C., hace una revisión de las políticas fiscales estatales y en relación a este tributo, consigna que hay siete niveles de tasa, que van del 2% hasta el 5% y un factor variable. San Luis pasó del cobro más frecuente, 3% usado por 14 entidades, a la segunda más alta, en donde será la quinta entidad en adoptarla.
Por lo que toca al impuesto sobre bebidas alcohólicas, éste está lejos de ser generalizado, pues San Luis será el décimo octavo estado que lo adopta.
E incluso será el estado que romperá la homogeneidad tributaria, pues será el único que cobrará 3%, ya que la tasa general es de 4.5 por ciento. Aunque el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso marca que se trata de una “tasa inicial”, por lo que no se descarta que crezca en el futuro.
El otro nuevo tributo, el de impuesto cedular por enajenación de bienes inmuebles, éste es minoritario, pues sólo se cobra en tres entidades. San Luis sería la cuarta.
De nueva cuenta, San Luis se sale de la norma y tendrá la tarifa más baja, 3%, pues Chihuahua, Quintana Roo y Yucatán, donde se cobran actualmente, tienen una tasa de 5%.
Por otra parte, la historia de la homologación regida desde la Federación también se cae al revisar el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la Ley de Ingresos, ese que salió de la sesión en lo obscurito.
En ningún momento, el documento habla de homologación alguna ni da indicios de que se relaciones con un mandato federal.
Al contrario, el documento señala que la autoría intelectual del incremento al impuesto sobre hospedaje y de las dos nuevas contribuciones corresponde al Congreso.
El deslinde del Ejecutivo es engañoso, pues al final, los acepta con una fingida resignación. Una postura congruente sería rechazarlos.
Sin embargo, eso sería renunciar a unos 210 millones de pesos que se pretenden captar con esas medidas, cifra que a la postre es significativa en un entorno de vacas flacas.
Pero que no quieran engatusar con el argumento de que la autoría de esta maniobra no proviene de Palacio de Gobierno.
Charro observado
En el club de los charros constructores, que lo mismo están relacionados con el deporte favorito del gobernador Ricardo Gallardo Cardona que con la recepción de millonarios contratos de obra de instancias públicas bajo control de este grupo político, ya se había mencionado a Emilio Juárez Garrido.
Se trata de uno de los socios, junto con su hermano, Francisco, de MB Construcciones SA de CV, la empresa tabasqueña que este año recibió un contrato de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) por mil 025.9 millones de pesos para convertir en bulevar el lecho del río Santiago que corre entre el periférico y Palma de la Cruz.
La obra beneficiará a uno de los ranchos del gobernador potosinos, sede de su equipo de charrería RG2.
Juárez Garrido también se mueve en ese ámbito, el de deporte de los caballos, pues es parte del equipo del rancho El Bilioso, participante en los campeonatos de la Federación Mexicana de Charrería.
Y también en el de la construcción, no solo por MB Construcciones Sa de CV, sino como contratista particular.
También como tal ha tenido contratos estatales, con una particularidad. Es el único constructor charro que está vinculado a una investigación de una instancia oficial por presuntas irregularidades.
A mediados del año pasado, Juárez Garrido, como contratista particular, recibió el contrato SEDUVOP-DPCS-AD-18-2023, correspondiente a la rehabilitación de alumbrado público en varias calles del centro de la cabecera municipal de Rioverde, por el cual recibió 29 millones 848 mil 779.54.
La AD de la clave de identificación del contrato corresponde a adjudicación directa, el mecanismo más discrecional para entregar contratos del que dispone una autoridad.
Y es una de las modalidades más socorridas por la Seduvop, también. De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló hace poco que el gobierno del estado entregó 109 contratos de obra pública.
La menor parte de ellos, nueve, se dieron por la vía de la licitación. En 63 casos se entregaron por invitación restringida y en 37 casos, se adjudicaron directamente.
El mecanismo es el más adecuado si, antes de realizar la operación, el contratante ya sabe quién le corresponderá el contrato, pero también ofrece más riesgos al ser fiscalizados.
Y es lo que ocurrió en el caso del contrato rioverdense de Juárez Garrido.
Éste fue incluido en un grupo de doce contratos otorgados por adjudicación directa, la tercera parte del total que entregó la Seduvop en 2023, en una investigación por anomalías en el manejo de recursos públicos. Y la decisión de hacerlo corrió por cuenta, nada más y nada menos, que de la Auditoría Superior de la Federación.
Lo anterior consta en la auditoría de cumplimiento 2023-A-24000-19-1775-2024 realizada por el órgano fiscalizador al ejercicio de los recursos públicos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
El motivo de la anomalía es claramente explicado por la ASF: “No se adjudicó de acuerdo con los montos máximos permitidos; se adjudicaron de forma directa, cuando debió ser por licitación pública”. El monto conjunto de los 12 contratos es de 140.9 millones de pesos.
El documento en el que incluye esta observación se emitió apenas a principios de noviembre, por lo que aún es temprano para saber si la Seduvop logró solventar la observación.
Pero el señalamiento ahí está. Y es llamativo no sólo por sí mismo, sino por las implicaciones futuras que podría tener.
Y es que los fondos que financiaron los seis contratos otorgados por la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez a constructores vinculados a la FMCh, de los que se habló en la entrega del pasado domingo, son, precisamente, de origen federal y, por tanto, de jurisdicción de la ASF.
Por lo que no se descarta que aparezcan en los próximos reportes del órgano fiscalizador.
