¿Cuál recorte?
El asunto del recorte de las participaciones federales a San Luis Potosí desató un encontronazo entre Morena y el Gobierno estatal, pues por vía de la diputada Gabriela López Torres, se denunció que el mes pasado, una disminución en las partidas que reciben los municipios se había cebado en 8 municipios morenistas, que no habrían recibido más que la mitad de los recursos captados anteriormente
En respuesta, la Secretaría de Finanzas envió un boletín que, si bien tenía la intención de aclarar el asunto, presentaba contradicciones sobre las verdaderas causas de la disminución a las partidas. Y una declaración del gobernador Ricardo Gallardo sobre el asunto, acabó por exagerarlas.
El asunto expuso un manejo confuso de las finanzas estatales y genera la oportunidad de cuestionar el ejercicio que dan la administración gallardista y los ayuntamientos a los recursos que reciben.
Por lo que toca al comunicado de Finanzas del viernes pasado, éste atribuye el fenómeno a que “la recaudación a nivel nacional ha disminuido, lo que a su vez provoca el ajuste del fondo de participaciones impactando de manera negativa en el recurso que el Gobierno de México ministra a los 59 municipios y al propio estado”.
Pero más adelante, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó al Estado los resultados del cálculo de la liquidación de participaciones por el segundo ajuste cuatrimestral de 2024, mismo que resultó negativo”. La diferencia es importante y se abundará de eso más adelante.
Antes hay que revisar las cuentas de Finanzas: la dependencia indica que el Fondo General de Participaciones (FGP), parte de los recursos del Ramo 28 que corresponden a los estados, sufrió una baja de 656.1 millones de pesos, de los cuales 500.5 millones corresponden al estado y 155.5 a los ayuntamientos, pues la Ley de Coordinación Fiscal establece un reparto de 80-20 entre ambas partes.
La Secretaría de Finanzas no lo precisa, pero los documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que la disminución se da con respecto a septiembre, el mes anterior. Y que es mayor de lo reconocido en Palacio de Gobierno.
En septiembre de este año, San Luis Potosí recibió mil 413.9 millones de pesos del FGP. El mes pasado, fueron 648.4 millones, una baja del 54%.
El dato que no checa es el monto recortado, que es de 765.5 millones de pesos, poco más de 109 millones de pesos más que la cifra reportada por Sefin. Según la regla 80-20, al gobierno le correspondería una baja de 612.4 millones y a las alcaldías, de 153.1 millones.
Por otro lado, Finanzas tiene razón cuando señala una baja de la recaudación federal, cuyo total en octubre fue de 323.2 mil millones de pesos, dos mil 800 millones de pesos menos que el mes anterior.
A los recursos federalizados les fue peor, pues en octubre ascendieron a 150 mil.7 millones pesos, cuando el mes anterior se repartieron 173 mil.7 millones de pesos, una reducción del 13.2 por ciento.
Ahora bien, ¿Esta reducción implica un desastre financiero para las finanzas estatales? Es un bache, sí, pero no el abismo que señaló el gobernador en una entrevista sobre el tema.
Ante el choque político (otro) con el aliado morenista, el mandatario minimizó el recorte a los municipios aseverando que las 59 alcaldías dejaron de recibir 130 millones de pesos mientras que la administración estatal había sufrido dos recortes mensuales consecutivos que implicaban una baja de dos mil millones de pesos.
Los datos muestran una realidad distinta. El FGP es solo uno de los 13 fondos que integran el Ramo 28 de participaciones federales. De ellos, el estado no recibe recursos de cuatro, reservados a estados con producción petrolera o vinculados a tributos no cobrados por la Federación, como la tenencia vehicular.
De los nueve restantes, en octubre, cuatro resultaron con baja mensual, pero otros cuatro tuvieron alzas y uno más quedó tablas. No se trató entonces de una baja generalizada.
Además, está el Ramo 33, el de las aportaciones federales, compuesto de ocho fondos, cinco de los cuales tienen una aportación estable, es decir, ni aumentan ni bajan. Uno de ellos disminuyó y los dos restantes subieron.
Al salir de las comparaciones mensuales y abrir la perspectiva al comparativo anual, el panorama cambia y se desmonta la versión de un recorte de dos mil millones.
Abona a eso el hecho de que, en un comunicado de la SHCP emitido apenas el viernes, al hablar sobre la situación de las finanzas públicas en octubre, la SHCP confirma que “las participaciones a entidades federativas y municipios crecieron 3.1% real respecto a enero-octubre de 2023, superior al promedio de 1.3% de los cinco años previos, como resultado del aumento de 2.4% real de la recaudación federal participable derivado de los mayores ingresos tributarios. Lo anterior permitió que el gasto federalizado se incrementara en 2.3% real anual durante el periodo”.
En el caso de San Luis, lo anterior se refleja en el total de aportaciones y participaciones acumuladas hasta octubre: San Luis Potosí ha recibido 43 mil 112.5 millones de pesos. El mismo lapso del año pasado, la suma fue de 39 mil 473.7 millones de pesos. Es decir, un superávit de tres mil 638.8 millones de pesos, con respecto al año anterior.
En ese mismo comparativo, el FGP de la discordia ha aumentado mil 902.4 millones de pesos, casi 15% más que el año pasado.
En los hechos, el estado ha dispuesto de más dinero que el año pasado.
Por otra parte, el gobierno estatal no se puede considerar sorprendido por el recorte. Y aquí volvemos a las versiones sobre el origen del recorte.
En el comunicado de Finanzas se habla, además de la baja en la recaudación, de un “ajuste cuatrimestral” realizado por Hacienda “en caso de que un mes anterior se haya ministrado en excedente, es cuando se lleva a cabo un ajuste negativo que en realidad no es más que un recorte, la baja en las participaciones es el descuento de un adelanto otorgado previamente.
De hecho, en el caso del FGP, el ajuste está previsto en el artículo séptimo de la Ley de Coordinación Fiscal.
Mas aún, el recorte de octubre ya había sido anunciado por el antecesor de Ariana García, Omar Valadez, desde inicios de septiembre pasado, aunque con un monto pronosticado menor del que ocurrió en realidad, pues se calculaba en 400 millones de pesos. El señalamiento lo hizo en una entrevista publicada el 9 de septiembre.
Así las cosas, el gobierno estatal no puede decirse sorprendido de la baja de las participaciones. Y si se la comunicó a los ayuntamientos, éstos tampoco pueden considerarse tomados por sorpresa.
Pero es la historia de cada fin de año. A pesar de que las autoridades se manejan con un presupuesto estrictamente calendarizado, se declaran casi en bancarrota de cara ante las obligaciones laborales de la temporada.
Y en ese sentido, cabe cuestionar el impacto de las actividades de lucimiento a la que es afecta esa administración, como los torneos charros, el desfile de estrellas en los conciertos de la Fenapo y ahora en la Arena Potosí, la parafernalia del Xantolo y, en estos días, de la época navideña, en el presupuesto de las autoridades estatales.
Para evitar este tipo de episodios, quizá el remedio sea la prudencia presupuestal y una real política de austeridad, cualidades ausentes en esta administración.
Sombra nuclear
En enero de 2023 este medio reveló que el gobierno federal, a través del Servicio Geológico Nacional, puso en marcha un proyecto para buscar en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, sitios adecuados para construir confinamientos de residuos sólidos urbanos, lo que no sonaba tan mal, porque es evidente que el estado, y sobre todo, los municipios, no han manejado muy bien el problema de la basura.
Las cosas, sin embargo, se complicaban con la otra parte del proyecto: encontrar sitios dónde concentrar residuos peligrosos y uno especialmente para concentrar desechos nucleares.
Según los datos revelados entonces, el Servicio Geológico Mexicano estaría a cargo del proyecto, que tendría un presupuesto de 12.4 millones de pesos.
El proyecto data de octubre de 2022, y aparece en la cartera de programas y proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la clave 2210LAU0009, como un “Estudio para la localización de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radioactivos 2023-2025”.
La ficha técnica del proyecto establece que el propósito del plan era la “ubicación de sitios de residuos sólidos urbanos en los principales municipios de los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, y la disposición de un sitio de residuos peligrosos y uno más para los radiactivos”.
Un cronograma del proyecto mostraba que en 2023 la dependencia verificaría 100 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las 35 principales áreas urbanas de los tres estados del Bajío.
Luego, en este año, cerraría los círculos, pues localizaría opciones para desechos urbanos de 8 zonas metropolitanas, 13 conurbaciones y 14 ciudades de las tres entidades.
Y el año entrante, el último de vida del plan, se ubicarán los sitios más favorables para un confinamiento de residuos peligrosos y otro de residuos radiactivos, que daría servicio a todo el centro del país.
Para San Luis mostraba un panorama preocupante entonces porque señalaba la existencia de 661 sitios de concentración de residuos de todo tipo, 132 de ellos sin control. La parte sensible de la información era que el dato correspondía a 2012, por lo que quedaba en las sombras lo que había ocurrido en los años más recientes, en los que la población y la actividad económica, y por ende, la generación de residuos, ha aumentado considerablemente.
La noticia tomó desprevenidas a las autoridades locales, que de plano dijeron desconocer la existencia del proyecto e incluso, la negaron.
El asunto es particularmente sensible por malas experiencias por la pésima gestión de sitios como el de Metalclad, en Guadalcázar, y Coterín, en Mexquitic.
Alguna gestión hizo el gobierno estatal porque poco después se informó que se había desactivado la búsqueda de sitios para residuos peligrosos y nucleares.
Pero al parecer no es así. La propuesta presupuestal del gobierno federal para 2025 muestra que el proyecto sigue vivo y en marcha. El presupuesto original se redujo a 11.7 millones de pesos y de ellos, este año ya se habían ejercido 7.7 millones de pesos
El presupuesto 2025 prevé 3.9 millones de pesos más. Es decir, que la posibilidad de que el estado albergue estos sitios indeseables persiste, y se tomaría pronto.
