Guillotina a pedido
En geopolítica internacional, existe el término "proxy war", que en español puede traducirse como guerra subsidiaria o guerra por procuración.
Describe un conflicto en el que una de las partes, o las dos, utilizan a terceros contra su adversario a fin de no aparecer como protagonistas de un conflicto abierto y aumentar las posibilidades de escalar un conflicto a niveles más altos de gravedad.
Estados Unidos y la Unión Soviética inspiraron el termino en guerras como las de Vietnam o Afganistán, en las que una superpotencia armaba, entrenaba y financiaba a los bandos insurgentes de cada país, que enfrentaban a un gobierno central apoyado por la otra superpotencia.
A nivel local, estamos ante un fenómeno que pudiera ajustarse a esa definición, un poder que utiliza a instancias presuntamente independientes para lograr fines determinados para afianzar sus posiciones o debilitar las que considere ajenas a sus intereses.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El gallardismo irrumpió en 2021 con la gran fuerza que el dio un triunfo electoral incontestable. Y de inmediato, a través de una efectiva guerra relámpago, copó rápidamente los espacios de poder.
El Ejecutivo, por supuesto, en donde desalojó no sólo a los altos mandos que quedaban del derrotado régimen de Juan Manuel Carreras López, sino que se siguió de frente con casi todos los niveles gubernamentales.
La votación de 2021 le permitió sentar una cabeza de playa en el Congreso del Estado, que se consolidó en 2024 hasta conquistarlo totalmente.
Las alcaldías también fueron su blanco. Ganó bastantes en la elección, pero a veces por las buenas, y no pocas por las malas (recuérdese Matehuala), fue "convenciendo" a los alcaldes de los municipios que no ganó de abandonar a los partidos opositores que los lanzaron, y por los que la ciudadanía votó, y pasarse a sus filas.
Pero el triunfo no fue total y algunos baluartes se salvaron de la ocupación total: el Poder Judicial, que nunca ha sido ejemplo de independencia, y además, ya condenado por la elección impulsada por la 4T, la alcaldía capitalina, que conservó la oposición y algunos organismos autónomos que, precisamente, por esa característica quedaron fuera del alcance de la nueva fuerza dominante.
Durante la primera mitad del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y del Partido Verde Ecologista de México, el nuevo grupo político dominante consolido sus conquistas. En esta segunda, está en plena campaña de expansión, buscando hacerse de lo que no consiguió en la primera.
Y no lo está haciendo de manera totalmente abierta. Sí, el estilo personal de gobernar de Gallardo Cardona es confrontacional, pero conoce los límites. No puede hacerlo abiertamente, so pena de romper equilibrios establecidos con otras instancias.
Pero aprendió a hacerlo por otra vía: valiéndose de otras instancias del Estado, que cuentan con facultades que son muy valiosas a la hora de usar la carta de la presión.
Y el gallardismo no ha encontrado mejor herramienta para ello que el Congreso del Estado. Es una navaja suiza en materia de atribuciones: legisla, define presupuestos y aprueba endeudamientos.
Puede nombrar, y más importante, destituir, funcionarios y también fiscaliza cuentas públicas o sirve como caja de resonancia para defender, o ir a la ofensiva, contra personas y grupos considerados opositores.
Históricamente, los diputados han sido meras extensiones del poder del gobernante en turno. Pero casi siempre, se plegaban a sus órdenes para concretar proyectos personales.
El gallardismo ha hecho eso también, pero le ha agregado una nueva y perversa utilidad: hostigar, mediante dependencias presuntamente autónomas, a individuos, grupos o instituciones y, eventualmente, engullirlos en su esfera.
Poco antes de su arribo al poder estatal, en 2020, la alcaldía de Soledad, el bastión gallardista por antonomasia y a cargo entonces del hoy senador Gilberto Hernández Villafuerte, fue objeto de observaciones por parte de la entonces Auditoría Superior del Estado por más de 60 millones de pesos.
Eso selló la suerte de la entonces auditora superior, Rocío Cervantes, que en diciembre de 2021 presentó su renuncia "voluntaria". El gallardismo, a través del Congreso, puso entonces a la ASE en una especie de "stand by", a cargo de una encargada de despacho, Edith González, a la que formalmente nunca se le nombró titular, pero empezó a aflojar la marca hacia las instancias gallardistas.
La entrada en pleno del órgano fiscalizador al arsenal gallardista se dio en octubre de 2023, cuando la ASE se transformó en el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y un funcionario directamente involucrado en el gabinete gallardista, Joaquín Lecourtois López, consejero jurídico del gobierno estatal hasta entonces, fue nombrado su primer titular.
¿Por quién? Por los diputados locales.
Desde entonces, el IFSE no ha tocado ni con el pétalo de una auditoría a las instancias gallardistas, pero se ha convertido en un ariete, de acción y de declaración, contra los opositores.
No es casualidad que el gobierno de Enrique Galindo y la UASLP se hayan convertido en sus blancos favoritos.
No los nombró el Congreso, sino el "voto popular". El proyecto lopezobradorista de arrasar al antiguo Poder Judicial a través de la elección de 2025 le dio la oportunidad al gallardismo, por la vía del "acordeón", de incrustar cercanos en las magistraturas. No se ha visto aun una postura abiertamente favorable hacia el grupo político hegemónico, pero ahí están. Esperando
La adquisición más nueva del arsenal del gallardismo es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Al estar lejos la ventana para renovar la integración del órgano electoral, no había manera, en lo inmediato de incrustar consejeros electorales a modo.
La estrategia fue, entonces, el maltrato financiero. Un organismo electoral con anemia presupuestal no podría cumplir al 100 por ciento con su objetivo: garantizar elecciones justas, creíbles y con certeza en sus resultados.
Con el argumento de la austeridad, la llave presupuestal hacia el órgano electoral casi se cierra, dejando al Consejo en una situación límite: fue obligado a organizar no sólo las elecciones normales del 2024, sino también los procesos extraordinarios del nuevo municipio de Pozos y la del Poder Judicial con presupuestos ínfimos.
De repente, el Ejecutivo y el Congreso dejan de lado la tacañería y le conceden al Ceepac un alza de 25 millones de pesos. ¿A cambio de qué? De la "Ley Ruth", la iniciativa que haría constitucional la obligatoriedad de que en 2027, sea una mujer la que ocupe la gubernatura. Un traje a la medida para el proyecto de que la senadora Ruth González suceda a su esposo en Palacio de Gobierno.
El Ceepac presentó la iniciativa, que ya tuvo un trámite exprés en el Congreso para votarla este mismo fin de semana, para que el gallardismo no sea señalado directamente de pavimentar la vía a ese proyecto.
Como instrumento articulador y organizador de estas maniobras está el Congreso, pero también sabe trabajar en solitario.
Se opone a la aprobación de las propuestas de ingresos del ayuntamiento capitalino o del Interapas sin oponer argumentos técnicos o financieros. ¿Para qué complicarse, si solo diciendo que la inconformidad de los capitalinos con los servicios justifica la medida? La realidad es que la real intención es bloquear cualquier situación que beneficie a ambas instancias.
Con la UASLP, el Congreso se ha convertido en ariete en el sitio que ha establecido en torno a la casa de estudios. La telenovela del adeudo del gobierno del estado que se mantuvo durante todo el año acabó, aparentemente, cuando Finanzas obtuvo del Congreso una carta blanca para ejercer un millonario remanente presupuestal para saldar diversos pendientes entre los que estaba la parte proporcional del convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública.
No sin meterle una fuerte dosis de suspenso, aparentando cumplir varias veces para luego poner pretextos para no hacerlo, la Sefin pagó el adeudo. No sólo eso, propuso en la Ley de Egresos de 2026 un incremento que pondría al gobierno del estado al corriente de la parte del convenio con el gobierno federal para integrar el presupuesto universitario.
De la nada, el Congreso se encapricho en que el rector Alejandro Zermeño Guerra debía dialogar sobre la integración del presupuesto del año entrante.
Ante la muy plausible posibilidad de caer en una celada en alguna sede legislativa, el rector se negó a asistir, contraatacando con una invitación a que fuera en la UASLP el encuentro. El resultado: sillas vacías en el Bicentenario y en el edificio de Vallejo.
Ese desaire fue el pretexto para que el Congreso hiciera algo pocas veces visto: modificar la propuesta del Ejecutivo para minimizar todo lo que pudo el incremento propuesto y bajar, de más de 500 millones, a 320 millones la partida estatal a la UASLP.
Es imposible que el Ejecutivo no hubiera protestado en caso de que el cambio no fuera de su agrado. La falta de reacción ante el recorte implica un acuerdo tácito.
Pero quizá el episodio más peligroso del uso del Congreso en la ofensiva del gallardismo contra sus adversarios esté relacionado con la intención de destituir a una parte de los integrantes del Concejo de Pozos.
El amago de la guadaña jurídica para cortar cabezas en el órgano directivo de un ente externo siembra un precedente peligroso, pues convierte al Congreso en una brigada de ajusticiamiento para usarse contra quien sea, o parezca, un obstáculo para el gallardismo dominante.
Si esta Legislatura tiene éxito en el joven municipio, ¿qué impediría que en un futuro cercano quisiera repetir la medida contra el rector, el alcalde capitalino o algún otro actor político considerado incómodo?
La herramienta está ahí.
