La estrategia ausente

El debate entre autoridades municipales y estatales en materia de seguridad pública subió de tono en buena parte de mayo, con fuertes cuestionamientos del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, quien de plano preguntó "¿Cuál estrategia de seguridad?", para remarcar la opacidad y exclusión del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona a la hora de dar a conocer las medidas para combatir la actividad delictiva. El cuestionamiento también fue un reproche a la descoordinación entre el estado y las alcaldías. 

El revire fue la revelación, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de que la demanda de coordinación que reclama el presidente municipal capitalino chocaba con el hecho de que no asistía a las sesiones de las Mesas de Construcción de Paz, la estrategia federal que, precisamente, busca reunir con frecuencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno para monitorear el estado de la seguridad pública y adoptar medidas consecuentes con los hallazgos.

Y en esas estaba el escenario cuando, vía el Diario Oficial de la Federación el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el 13 de mayo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, el instrumento que define los ejes, objetivos estratégicos, las líneas de acción y acciones estratégicas para garantizar la seguridad y la paz social.

Entre los puntos nodales, la estrategia prevé el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación como actividades esenciales para combatir a la delincuencia.

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En ese aspecto, desarrolla un diagnóstico de la situación de las policías en todo el país en el que San Luis Potosí queda mal parado, lo que abre a la incertidumbre la capacidad del estado para conectarse a la estrategia nacional.

No sólo eso. Los resultados presentados chocan con los datos oficiales del gobierno potosino, que en el mejor de los casos, son mucho más optimistas, y en el peor, están totalmente censurados. 

Ambas situaciones implican un impacto a la certidumbre del escenario que pinta la administración estatal sobre sus capacidades para enfrentar a la delincuencia.

El primer dato que queda en tela de duda es el de la cobertura policial. El Modelo Óptimo de la Función Policial, una serie de indicadores diseñada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), establece como piso de una tasa de 1.8 policías por cada mil habitantes. La ONU recomienda como estándar una tasa que parece inalcanzable: 2.8 policías por cada mil habitantes.

Sin embargo, el documento reconoce que el indicador nacional queda por debajo de esa base, al presentarse una tasa de 0.97 agentes por cada millar de habitantes en un corte realizado en diciembre de 2024.

La estrategia federal señala que San Luis Potosí está por debajo de los tres escenarios, el de la ONU, el piso mínimo y el realista. Y es que con 0.86 agentes por cada mil habitantes, San Luis Potosí ocupa el décimo tercer sitio en el ranking nacional, muy por debajo de los 4.06 agentes de la Ciudad de México o el 1.51 que presenta Tabasco.

Por el lado local, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), por obligación legal, debe publicar anualmente, evaluaciones de desempeño de sus fuerzas policiacas. La correspondiente a 2024 no se ha publicado y la dependencia fue omisa en dar a conocer la de 2023, así que la más reciente data de 2022.

El dato de la cobertura policial no aparece en esa evaluación. Tan sólo se menciona que hay elementos que contribuyen a alcanzar la tasa recomendada por Naciones Unidas de 2.8 agentes por cada mil habitantes. Pero lo propone como meta que, a decir de los datos del documento nacional, está muy lejos de cumplirse.         

Una cosa es el número de policías que tiene un estado, y otra, la calidad de las fuerzas. Esa es la razón de fuerza del sistema de control de confianza, que existe para verificar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, ética, situación socioeconómica y condición médica, tanto en los procedimientos de ingreso como en los de promoción y permanencia de los agentes.

Esto se traduce en el Certificado Único Policial (CUP), un documento obligatorio para desempeñar tareas de seguridad pública.

Y en ese aspecto, San Luis también cojea. La Estrategia Nacional ubica de nuevo al estado lejos de los mejor calificados, con un 89.3 por ciento de sus fuerzas que lograron acreditar el CUP, lo que no le permite pasar del sitio 19, aunque, eso sí, logró superar la marca nacional, que fue de 88.2 por ciento.

De ese dato, formalmente existe una versión estatal reciente, plasmada en el documento Avances y Evaluación del Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales Estatales y Municipales del Estado de San Luis Potosí, publicado por el SECESP con corte a septiembre de 2024.

Pero la realidad es que el indicador está oculto, testado en el papel, por supuestos criterios de protección de datos sensibles. 

El texto que sigue al dato ocultado, sin embargo, hace presumir que en la administración gallardista se ufana de haber alcanzado la perfección: "... lo que refrenda el compromiso de esta administración estatal de evaluar al cien por ciento de los elementos que integran el estado de fuerza de esta Entidad Federativa".

La otra medición importante en la Estrategia Nacional es el del salario de los policías, en el entendido de que, entre mejor sean los ingresos de los agentes, menos tentados estarán en caer en la corrupción propiciada por el crimen.

El documento toma como referencia los 17 mil 300 pesos mensuales el salario mensual bruto promedio de los policías estatales del país, que la Comisión Nacional de Salario Mínimos calculó para 2024.

En comparación, San Luis se queda bastante corto, pues aparece con 15 mil 325 pesos como ingreso promedio, en un lejano vigésimo quinto puesto.

En contraste, en febrero de este año, el gobernador ubicaba a su policía estatal como la tercera mejor pagada del país.

La Estrategia Nacional también encontró otra seria deficiencia en San Luis, ahora en el rubro de la investigación e inteligencia.

Señala que las leyes dan atribuciones a las distintas policías del país para realizar investigaciones criminales y también que posibilitan a los estados incorporar a sus estructuras policiacas unidades de investigación.

Sin embargo, sólo 21 secretarías estatales lo han hecho. Otras seis estaban en vías de integrarlas.

En la cola de este tren van cuatro estados que carecen de esa área, entre ellos, está San Luis Potosí. La advertencia en el texto es seria: "Tal situación podría limitar las capacidades estatales para combatir la delincuencia y esclarecer hechos delictivos, dificultando la coordinación con las fiscalías o procuradurías generales de justicia".

Por un lado, el diagnóstico federal señala carencias y rezagos en la cobertura policial, en los ingresos, la certificación y la estructura de la policía estatal potosina.

Por el otro, se ocultan datos o se les deja en la indefinición o, pero, se presumen realidades inexistentes.

Así, es difícil que el estado cumpla con los requisitos de la Estrategia Nacional y  hace ilógico que le exija a otras instancias que se incorporen y sigan una estrategia local. 

Mrs. González goes to Washington

Entre remesas y boyas, el mayo de la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, estuvo movido.

De lo primero, ya es conocido el encontronazo (segundo contra algún integrante del gallardismo) con Enrique Galindo Ceballos por la decisión de la legisladora de irse por la libre al instalar señalética vial en calles de capital sin consultar al ayuntamiento.

Pero también hubo noticias en la otra parte de sus tareas de mayo. Entre el 20 y 22 de este mes, viajó a Washington DC, como parte de una delegación del Senado para dialogar con congresistas de EU. La misión: evitar la imposición de un impuesto de 5% a las remesas enviadas por los paisanos a sus familias aquí en México, otra delirante idea del presidente Donald Trump.

El resultado: según la senadora potosina, gracias a ese cabildeo, los receptores de remesas del país y sus familiares de EUA le deben si no la anulación del impuesto, sí la reducción a 3.5 por ciento.

El problema: hay evidencia de que a los norteamericanos, el cabildeo mexicano les pasó de noche y fueron otros los criterios para concretar la reducción.

Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte, González Silva fue parte de esa delegación del Senado. El pasado 27 de mayo presentó al Senado su informe de la gira.         

El reporte de González Silva consignó una reunión con el caucus hispano del Congreso, es decir, una delegación de miembros republicanos y demócrata, con raigambre en países latinoamericanos.

También hubo un encuentro con el senador Tim Kaine,"ranking member" o  líder de la minoría de su partido en el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado. En la jerarquía legislativa de EU, el control de los cuerpos colegiados del Senado lo tienen representantes de la mayoría republicana. Es decir, los senadores se reunieron con los segundones de ese subcomité.    

El informe reseña sólo las intervenciones de la senadora potosina en las reuniones que se podrían sintetizar en que las remesas son vitales para la economía mexicana y que la aplicación del impuesto sería dañino, los llamados a establecer una posición opuesta a esa intención y a la importancia de las relaciones bilaterales".

La delegación regresó el día 22, el mismo en que la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa bautizada como "One Big Beautiful Bill".

El tema del impuesto a las remesas no fue el punto central de la discusión, pero al final, bajó la tasa de 5% a 3.5%.

La discusión se centró en los recortes al sistema de salud pública, el famoso Medicare, y fue álgida. Al final, la votación fue de 215 contra 214 votos a favor de la "beautiful bill".  

La senadora potosina no dejó pasar la oportunidad y en los resultados de su informe, atribuyó la disminución al "diálogo franco y al mensaje de unidad que llevó la delegación senatorial mexicana".

Más aún, consideró que "este resultado demuestra que la negociación parlamentaria genera resultados tangibles".

Sin embargo, una revisión a los ejemplares del "Congressional Record" (la Gaceta Parlamentaria de la Casa de Representantes) del 21 y del 22 de mayo no arrojó evidencia de que, al menos en el debate, la visita mexicana hubiera generado un efecto en la decisión.

De hecho, el tema del impuesto a las remesas fue poco más que tangencial, y sólo se pudo encontrar en la transcripción del debate una referencia, realizada por la congresista demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-MCCormick que presentó una enmienda para eliminar "el cruel impuesto" que exacerbaría la crisis no de México, sino de Haití, Cuba, las naciones caribeñas y los países africanos. 

Al final, la visita de los senadores, pese a todo el triunfalismo de González Silva no impactó realmente un resultado que, por lo demás, no es definitivo, pues queda pendiente la votación senatorial.

Sin embargo, la señora González va a Washington otra vez. El senador Adán Augusto López ya adelantó una segunda visita de la delegación, con los mismos integrantes, ahora para tratar de convencer a un Senado de mayoría republicana, repleta de trumpistas duros, de anular el impuesto.  

Crédito foto:

Facebook de Ruth González