PJE: “cruda” presupuestal

Pasada la inédita “fiesta” electoral mediante el cual se formó el nuevo Poder Judicial Estatal, llegó la “cruda” y con ella, la hora de empezar a hacer cuentas.

Entre otros efectos, la reforma judicial trajo la demolición del sistema vigente y una de las consecuencias administrativas es el tener que finiquitar a los centenares de empleados que serán sustituidos por los funcionarios electos hace tres semanas. Y no es un secreto. Saldrá carísimo.

Y en un estado en el que, hasta donde se sabe, aún no se acaba de pagar el costo del proceso electoral al Ceepac, y en el que el Ejecutivo enfrenta ya presiones presupuestarias, tiende sobre este proceso un velo de incertidumbre.

El noveno artículo transitorio de la reciente reforma a la Constitución local emitida por el congreso en mayo pasado, regula el manejo administrativo de los servicios personales del nuevo PJE.

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De inicio, señala que quienes ocupaban alguna de las quince  magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), asientos en el Consejo de la Judicatura y juzgadores de primera instancia que decidieron no participar en los comicios, sólo tendrían derecho a su haber de retiro si renunciaban a sus cargos antes de que se cerrara la fecha de convocatoria de aspirantes del PJE.

En el caso de las magistraturas, fueron siete los que participaron, de los cuales cinco resultaron elegidas. 

No se tiene precisado si los ocho magistrados y magistradas restantes presentaron su renuncia, de acuerdo a la norma, pero se presume que sí. Ellos tendrían garantizado un haber de retiro proporcional al tiempo de su desempen~o. 

Los dos candidatos que no resultaron electos, tienen la misma garantía, a menos que hayan impugnado (se sabe al menos de un caso) y prospere su reclamo.

En la reforma no se especifica qué pasará con los seis magistrados actuales que tendrán un asiento en el nuevo PJE. ¿Tendrán derecho a algún beneficio laboral por el término del antiguo PJE? ¿Tienen derecho a reclamarlo?  

Se sabrá más adelante, con seguridad. Los nuevos integrantes tomarán posesión de sus cargos el 15 de septiembre próximo.

Los que no participaron tendrán una jugosa compensación. La reforma judicial tasó el haber de retiro de los magistrados del STJE y consejeros de la Judicatura el equivalente a un año de su sueldo vigente, más las partes proporcionales del aguinaldo y de vacaciones.

De acuerdo a los datos publicados por el PJE en la Plataforma Estatal de Transparencia, el sueldo mensual bruto máximo de los magistrados y de consejeros de la judicatura es, hasta mayo pasado, de 138 mil 226 pesos, es decir, un millón 658 mil 712 pesos, más los proporcionales mencionados.

El presidente del STJE percibe un máximo de 154 mil 426 pesos brutos al mes, es decir, un millón 853 mil pesos anuales, pero como resultó electo en el pasado proceso, no tendría por qué recibir el haber.

Si hay diez magistrados y tres consejeros que no seguirán en sus cargos y, por ende, tendrían derecho al haber de retiro, el PJE debe destinar 21.5 millones de pesos en estos trece funcionarios. 

Queda por verse cuánto más tendría que pagarse para el resto de los juzgadores que declinaron a participar en la elección y renunciaron en el plazo requerido. 

Ahora bien, ¿hay dinero para cubrir ese gasto? Parece que no el suficiente.

En octubre del año pasado, Arturo Morales Silva, presidente del STJE, envió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona la propuesta de presupuesto para 2025.

Empezaba con una queja: Finanzas había topado desde un inicio el presupuesto de 2025 al monto del año anterior: mil 321.5 millones de pesos.

Además, el PJE reclamaba el pago de una retención de 137.2 millones de pesos relacionada al subsidio del Impuesto Sobre la Renta.

Esto generaba penurias financieras al PJE, al no poder completar incrementos salariales y otras prestaciones laborales, además de otros gastos.

El presidente del STJE le dijo sin rodeos al gobernador que la suma prevista era insuficiente ante “gastos irreductibles” y que para tener capacidad de cubrirlos, eran necesarios 438.4 millones de pesos más, lo que elevaba el presupuesto solicitado a mil 759.9 millones de pesos.

El Poder Judicial detalló en la solicitud que dentro de esa suma de 438.4 millones de pesos extras que solicitaba, estaba el costo bruto de la indemnización de 15 magistrados, los tres consejeros de la Judicatura y los 62 jueces que pudieran separarse del cargo en razón de la reforma judicial. “el costo ha sido calculado con base en el criterio que establece la propia reforma judicial federal, sin perjuicio de que se deba estar a lo que establezca la implementación de la reforma judicial en el ámbito estatal”.   

Pese a la urgencia de la petición de un presupuesto mayor, el Ejecutivo la cumplió parcialmente. Muy parcialmente.

La Secretaría de Finanzas envió al Congreso, a fines del año pasado, un presupuesto que incluía mil 379.2 millones de pesos, apenas 57.7 millones de pesos más que lo entregado en 2024.

Esta suma representa apenas el 14% del incremento de 438.4 millones de pesos solicitada por el PJE. Finanzas la redujo en 380.7 millones de pesos.

El calendario del presupuesto de egresos del Poder Judicial más reciente muestra un gasto mensual en servicios personales de entre 89 y 100 millones de pesos en el lapso que va de enero a septiembre de este año. No presenta un crecimiento extraordinario en el noveno mes del año, es decir, no se previó al inicio de año el pago de los finiquitos del personal que deban ser liquidados.

¿Cumplirá el Ejecutivo? Si se toma en cuenta la reticencia que ha mostrado la Secretaría de Finanzas para cumplir con el presupuesto que el Ceepac requería para realizar el reciente proceso electoral especial, del cual, ya pasada la elección aún hay pagos pendientes; o la desconcertante inacción para cumplir con el pago de las aportaciones a la Dirección General de Pensiones para cubrir el monstruoso adeudo que, hasta que la DGP dejó de publicarlo, rondaba entre los cuatro mil y cinco mil millones de pesos, no hay espacio para creer que lo hará.

La cuenta pública del primer trimestre del año del Ejecutivo reconocía un pasivo circulante de ocho mil 776.5 millones de pesos, la gran mayoría correspondiente a deuda con proveedores y contratistas, que esperan pagos desde hace ya largo tiempo.

Es decir, hay una larga fila de acreedores en la ventanilla de gobierno. Y al final de ella, tendrá que formarse el Poder Judicial.

Águila que cae

La versión más reciente del Ranking Mundial de Universidades SQ, emitida el pasado 19 de junio, marca un hito negativo para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP): tras varios años de baja constante, acabó por ya no ser tomada en cuenta del listado de las que se consideran las mejores instituciones de educación superior del mundo.

La edición 2026 (en realidad, las mediciones corresponderían al año anterior al  que se presentan)  excluyó a la institución potosina, que desde 2021 empezó a perder posiciones en el listado, siendo la edición pasada, etiquetada como 2025 su última aparición.

El ranking nació en 1990 y es responsabilidad de una empresa denominada Quacquarelli Symond, una firma de análisis de la educación superior en el mundo.

Para su clasificación, considera aspectos como la reputación académica y entre empleadores, la relación entre la institución y los estudiantes, el porcentaje de docentes con doctorado, la producción de publicaciones y la colaboración con redes internacionales de investigadores, entre otros factores.

En su más reciente edición, evaluó a mil 500 instituciones de todo el mundo. En México, alcanzó notoriedad hace unos días debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), salió de los primeros cien puestos de la lista para quedar en el puesto 136.

Pero no fue a la única institución mexicana a la que le fue mal. La UASLP desapareció del conteo.

Fue el punto más bajo de una espiral descendente que tardó seis años en llevar a la máxima casa de estudios potosinos al fondo.

En 2021, el ranking tenía rozando a la institución entre las primeras mil, al ubicarse en el lugar mil 091 y en el sitio 17 a nivel nacional.

Bajó varios puestos en 2022, cuando se situó en el lugar mil 255 y en el vigésimo nacional.

Para 2023, el declive la llevó al lugar mil 303 en el globo y el 22 en el país.

En la edición 2024 ya había retrocedido al sitio mil 452 y al 27 en la clasificación local.

Y para 2025, su aparición postrera, la UASLP presentó una menos que modesta mejoría, al escalar cuatro posiciones y quedar en el lugar mil 448. También recuperó algo de terreno en el conteo nacional, al quedar en el vigésimo cuarto.

En marzo de este año, cuando detonó en los medios esta última  baja en la calificación, la institución justificó la situación atribuyéndola a la disminución de la nómina de catedráticos de tiempo completo, que sumaba 135 entre 2018 y 2024.

Este factor incidió, continuaba la justificación, porque los rankings se definen en buena medida por la producción científica de las universidades. Al haber menos catedráticos, obvio, disminuye la calificación.

La UASLP no resistió minimizar un poco al propio ranking, al señalar que su metodología no tomaba en cuenta factores importantes en la conformación de la calidad educativa de una institución y, de plano, que la mercantilización de la evaluación era realidad y que, en ese sentido, la UASLP no ha pagado por aparecer en ellos.

Sin embargo, en cuestión de imagen, la desaparición de la UASLP de este ranking no deja de ser un golpe a la imagen de la institución y del rectorado de Alejandro Zermeño Guerra.