Un gobierno de eventuales

pocas veces se puede observar el inicio de una instancia gubernamental, con todas las eventualidades, positivas y negativas que entraña un nacimiento administrativo.

Esta oportunidad la tenemos ahora con el municipios de Villa de Pozos, creado el año pasado y que en este, está dando sus primeros, y titubeantes, pasos.

Entre ellos, está el aspecto financiero. El de este año es el primer presupuesto de egresos que presenta el Concejo y revela como también aquí, se refleja la prisa y la improvisación que rodearon al nacimiento del nuevo municipio, creado con un doble propósito por el gallardismo: debilitar al ayuntamiento capitalino y generar un coto de poder más para esa corriente política.

El pasado viernes, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el primer presupuesto de egresos del nuevo municipio.

Los datos gruesos indican que el nuevo municipio erogará 583.9 millones de pesos el año entrante, de los cuales 481.7 millones de pesos, el 82% del presupuesto viene de la Federación, y 102.2 millones de pesos, la parte minoritaria, a través de la recaudación propia.

El aspecto que más interés captan los presupuestos de dependencias públicas es el del manejo de la nómina: cómo y cuánto pagan al personal que emplearán.

De inicio, llama la atención que el capítulo 1000 del gasto en Pozos para este año será de 181 millones de pesos, la tercera parte del gasto total.

Y aún más que en el primer año del nuevo municipio, sus trabajadores enfrentarán un panorama laboral nada propicio: un empleo temporal y sin seguridad social.

Lo anterior porque apenas 9.3 millones de pesos están reservados al rubro de personal permanente, que sólo beneficiará a 13 empleados: los concejales, los únicos de los 515 trabajadores previstos en la nómina de este año que tienen un puesto seguro este año.

El resto, 502, estarán contratados con carácter eventual y bajo el régimen de honorarios. Ante la inexistencia de bases, el medio millar de trabajadores del concejo poceño serán trabajadores de confianza.

La particular situación de la nómina poceña incluye situaciones como que el rubro de seguridad social tiene una partida de ¡¡¡4 pesos!!! Y de nada en el rubro de previsiones.

El grueso de la nómina está, por supuesto, en el de remuneración para personal eventual, con 124.6 millones de pesos, seguido el de las remuneraciones adicionales, que incluyen aguinaldos y vacaciones, con 33.1 millones de pesos.

El rubro de otras prestaciones sociales y económicas tendrá 14 millones de pesos, de los cuales (al menos) incluyen fondo de ahorro y 1.5 millones de pesos como subsidio a organismos sindicales, que aún no existe.

¿Y el sueldo de los únicos empleados permanentes del Concejo? Se prevén 66 mil 584 pesos mensuales para la presidenta concejal, mientras que cada uno de los doce concejeros recibirán poco menos, 66 mil 543.93 pesos.

Pero no son los que más ganan. Los sueldos más altos serán para los integrantes de la cúpula que no fueron electos: el secretario del concejo, el oficial mayor y el tesorero, que devengarán 68 mil 929 pesos cada uno.  

Así empieza este municipio, sin ofrecer estabilidad de largo plazo a la vasta mayoría de sus empleados.

EL TREN QUE VIENE

El proyecto de revivir el transporte de pasajeros por varias vías férreas del país despierta lo mismo esperanzas que críticas.

Sobre las primeras, está la recuperación de una alternativa accesible y barata de movilidad que compita con las carreteras y las vías aéreas, que a la vez sirva para desahogar algo del tráfico que ha llegado a colapsar el flujo vehicular en las mismas.

También está una eventual recuperación de una actividad económica que era importante en las localidades donde el ferrocarril de pasajeros hacía escala y que al desaparecer, las sumió en el olvido, como podría ser el ejemplo de Vanegas.

Entre las contras, quizá la principal sea la duda de que el Estado, sobre todo cuando está controlado por un gobierno de la 4T, maneje y administre un proyecto de extrema relevancia en un área tan importante como el transporte. Las malas experiencias en el Tren Maya y, más recientemente, el hundimiento de Mexicana de Aviación, alimentan esa incertidumbre.    

San Luis Potosí está involucrado en esta situación por la histórica pertenencia a una de las rutas ferroviarias más importantes en la historia del país, la México-Nuevo Laredo.

Por ello, está incluido en uno de los primeros documentos oficiales sobre la obra, el estudio de preinversión para determinar la factibilidad de implementar un sistema férreo de pasajeros que conecte la Región Centrosur con la Región Noreste.

El documento, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e incluido en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestra la ruta administrativa y legal del proyecto, previos al inicio de las acciones y obras que lo habrán de integrar. Varios puntos se refieren a las entidades y municipios por los que habrá de pasar el tren.

Como pretende aprovechar el derecho de vía ferroviario que existe actualmente, enlista de manera preliminar la ruta que tendrá en las entidades que atravesará, en el caso de San Luis, es la vieja ruta que atraviesa las regiones Centro y Altiplano de San Luis. El estudio incluye a Villa de Reyes, San Luis capital, Mexquitic, Venado, Charcas, Catorce y Vanegas. Extrañamente, excluye a Moctezuma, paso obligado de la ruta.

Hace un repaso de la situación del transporte en las entidades en materia de carreteras y aeropuertos de los estados involucrados, tras el cual concluye que  “la principal problemática que enfrenta la población que habita en la Región Centro y Norte de México es una conectividad y movilidad interestatal deficiente derivado, principalmente, del crecimiento acelerado de la población y la expansión urbana en dichas regiones, reflejándose en una infraestructura vial insuficiente y un sistema de transporte público urbano y regional obsoleto y deficiente, que se traduce en una severa congestión vehicular en las horas pico de las principales vías de comunicación, lo que aumenta significativamente el costo de traslado de las personas, con tiempos prolongados de viaje”.

También se presenta “un aumento en la contaminación ambiental, los accidentes, la inseguridad y la exclusión social, los cuales limitan la productividad, accesibilidad y conectividad directa a centros de trabajo, hogar, educación, salud y recreación entre las regiones”.

Como parte de la elaboración del diagnóstico, el estudio prevé hacer una revisión de los planes de desarrollo del estado y de los municipios involucrados, lo que pondrá a prueba la certeza y vigencia de los estudios locales.

Un punto que llama la atención es que también toma en cuenta programas complementarios en los estados analizados, entre los que incluye obras relacionadas con la movilidad y el transporte. San Luis Potosí está ausente en esa lista. Al parecer, al Red Metro no fue del interés de la SCT, como si lo fue un sistema semejante previsto en Coahuila.

El proyecto incluye estudios previos en 13 áreas, que van desde lo ambiental hasta lo financiero. Quizá uno de los más relevantes es el del aspecto legal en torno al derecho de vía que vaya a requerir la ruta de pasajeros. Mucho dinero se verá envuelto en ese tema.

Al principio del texto se mencionaban las preocupaciones inherentes a los proyectos de la 4T y desde el mismo estudio de preinversión se encienden los focos rojos.

El proyecto fue publicado en octubre del año pasado y la SCT preveía una inversión de 09 millones de pesos. Un mes después, una segunda versión disparaba la cifra a mil 789.4 millones de pesos. En un solo mes, el costo se elevó en 880.4 millones de pesos, un alza de 96.8 por ciento. 

El riesgo es evidente: que el proyecto férreo de la 4T, ideado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, se vaya a convertir en un hoyo negro que se trague cantidades ingentes de recursos.