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LA PAZ, Bolivia (EFE).- El decreto cuestionado por Human Rights Watch (HRW) por amenazar la libertad de expresión en Bolivia cumple las leyes del país e internacionales sobre derechos humanos, según la Procuraduría General del Estado boliviano.
La Procuraduría, en su función constitucional de defensora del Estado, se pronunció este jueves sobre un comunicado en el que ésta organización advirtió de que un decreto del Gobierno interino de Bolivia para evitar la expansión del COVID-19 amenaza la libertad de expresión, al permitir a las autoridades procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas.
Al respecto, la Procuraduría afirmó en una nota que tras realizar "un análisis jurídico minucioso" de lo observado por la organización no gubernamental, constató que la norma presidencial "es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho".
"Así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica", que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "y demás convenios internacionales en materia de derechos humanos", añade la nota.
La Procuraduría argumenta que "la finalidad de la norma es la prevención de desinformación y no la restricción a la libertad de expresión".
El decreto de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, pretende "generar conciencia en la población sobre la transmisión de información errónea o falsa sobre el coronavirus que atenten contra la salud y las acciones gubernamentales tendientes a su mitigación", subraya la Procuraduría.
"No prohíbe o sanciona los juicios de valor u opiniones personales o colectivas de los ciudadanos respecto a aquella emergencia sanitaria y las acciones gubernamentales", concluye.
El pasado martes el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que "el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta', y esto viola el derecho a la libertad de expresión".
Bolivia está en estado de emergencia sanitaria, con 18 fallecidos y 264 casos de COVID-19, con una serie de decretos presidenciales con medidas de cuarentena que restringen las salidas de casa y prohíben actos públicos colectivos.
La aplicación de estas medidas es cuestionada por algunos sectores, al advertir de que se busca criminalizar a quienes critiquen la gestión del Ejecutivo transitorio ante la enfermedad, con varios sentenciados a penas de prisión tras ser acusados de instigar actos como una marcha de protesta que incumplía la cuarentena.
