Informe detallado sobre el ataque insurgente en Burkina Faso

DAKAR, Senegal (AP) — El gobierno de Burkina Faso expuso a civiles al peligro de forma innecesaria durante un ataque insurgente este año, indicó Human Rights Watch en un reporte publicado el martes.

Al menos 100 aldeanos murieron en agosto a manos de combatientes de un grupo insurgente vinculado a Al Qaeda en el centro del país, en uno de los ataques más letales del año en esta nación de África Occidental asolada por el conflicto.

Residentes en la comuna de Barsalogho, que está a 80 kilómetros (50 millas) de la capital, Uagadugú, fueron obligados a ayudar a las fuerzas de seguridad a cavar trincheras para proteger los puestos avanzados de seguridad y las localidades cuando combatientes del grupo Jama´at Nusrat al-Islam wal-Muslimin invadieron la zona y abrieron fuego contra ellos, según el informe.

En su respuesta al reporte, el grupo JNIM, que se atribuyó la autoría del ataque, dijo que todos los residentes atacados eran miembros de milicias afiliadas a Burkina Faso.

Human Rights Watch indicó que tras analizar videos y recavar testimonios confirmó la muerte de al menos 133 personas, entre las que había docenas de menores, y que al menos 200 personas más resultaron heridas.

"La masacre en Barsalogho es el último ejemplo de atrocidades cometidas por grupos islamistas armados contra civiles a los que el gobierno ha puesto en peligro innecesariamente", apuntó Ilaria Allegrozzi, investigadora principal de Human Rights Watch para el Sahel, en el reporte.

Alrededor de la mitad del país está fuera del control del gobierno luego de registrar un aumento de los ataques insurgentes en torno a la capital. Los milicianos vinculados a Al Qaeda y al grupo extremista Estado Islámico han matado a miles de personas y desplazaron a más de dos millones.

La violencia contribuyó a dos golpes de Estado en 2022. Sin embargo, la junta militar que prometió poner fin a los ataques ha tenido problemas para hacerlo, incluso después de buscar nuevas alianzas de seguridad con Rusia y con otras naciones del Sahel azotadas por la violencia y regidas por juntas.

La dependencia del gobierno de los auxiliares civiles armados, conocidos como Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP, por sis siglas en inglés) para luchar contra los insurgentes está poniendo a los civiles en peligro, dijo Allegrozzi a The Associated Press, ya que muchos se convierten en objetivos para los yihadistas, que les acusan de ser partidarios o incluso miembros del VDP.

Testigos citados en el informe señalaron que el ejército de Burkina Faso obligó a los residentes varones a cavar un nuevo tramo de trinchera cerca de la aldea sin pagarles, pero muchos se negaron por temor a quedar expuestos a ataques. Los soldados les obligaron entonces a realizar el trabajo amenazándoles y golpeándoles.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, dijo en su respuesta a Human Rights Watch que el trabajo forzado está prohibido por la ley en Burkina Faso y que "los testimonios según los cuales los militares obligaron a la población a cavar la trinchera no están demostrados".