Controversia en Ecuador por Cárceles de Máxima Seguridad

Más de una veintena de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se pronunciaron en contra de la construcción en Ecuador de una de las dos cárceles de máxima seguridad prometidas por el presidente Daniel Noboa, quien este viernes puso la primera piedra, bajo el modelo acuñado en El Salvador por su presidente, Nayib Bukele.

Estos colectivos, agrupados en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, señalaron en un pronunciamiento conjunto que "este es un proyecto innecesario y antitécnico que, además de violar derechos colectivos y de la naturaleza, incurre en las mismas soluciones fallidas que han incidido en la crisis carcelaria ecuatoriana".

"Denunciamos la construcción de la nueva 'megacárcel' como una medida populista, carente de rigor técnico", incidieron.

La prisión se construirá en la costera provincia de Santa Elena, y con una capacidad de 880 reclusos estará destinada particularmente a los líderes de las bandas criminales a las que Noboa ha declarado la "guerra", bajo la figura de un conflicto armado interno, al estar consideradas como la causa que ha llevado a figurar a Ecuador entre los países de Latinoamérica con más homicidios per cápita.

Según el Gobierno, la construcción de esta cárcel tomará alrededor de 300 días y tendrá un coste de 52 millones de dólares (unos 48,58 millones de euros).

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos aseguró que los terrenos donde se hará la prisión pertenecen a "comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy" y que "en esas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, que es un ecosistema primario y alberga árboles de más cien años de existencia".

"En la zona se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como existencias de restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la costa", agregó.

En virtud de ello, consideraron que el Gobierno debe realizar una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, que se aplica a los proyectos que se realizan en territorio indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.

En ese sentido, la Alianza aseguró que sobre el proyecto de esta cárcel "no existiría informe de impacto ambiental, informes de restos arqueológicos de culturas costeñas y procesos de consulta libre, previa e informada", mientras que "militares han acudido a las tierras ancestrales a instalar señaléticas de puntos georreferenciados, de donde empezarán a trabajar la construcción".

También recordaron las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por las Fuerzas Armadas durante la militarización de las prisiones ordenada a inicios de año por Noboa para abordar la crisis carcelaria del país, cuyas cárceles estaban controladas muros adentro por las bandas criminales.

Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales que tenían en control al interior de las prisiones.

Tras la militarización de las prisiones, la Defensoría del Pueblo reportó muertes violentas de presos con indicios de presuntas torturas, así como alertas de muertes por presunta inanición, debido a que numerosas cárceles del país se quedaron temporalmente sin proveedor de alimentos.

La segunda cárcel de máxima seguridad prometida por Noboa está proyectada para hacerse en la amazónica provincia de Pastaza, donde también colectivos sociales han expresado su posición, si bien de momento el Gobierno le ha dado prioridad a la de Santa Elena.