Veredicto histórico: Chiquita Brands y su responsabilidad en Colombia

Chiquita Brands, una empresa multinacional dedicada a la distribución de plátanos, debe pagar 38,3 millones de dólares a 16 familiares de las personas asesinadas durante la prolongada guerra civil de Colombia a manos de un violento grupo paramilitar financiado por la compañía, determinó un jurado federal de Florida.

El veredicto emitido el lunes por un jurado de West Palm Beach representa la primera ocasión que una compañía es declarada responsable en una de las múltiples demandas similares pendientes en otros tribunales estadounidenses. También es una inusual sentencia contra una empresa privada estadounidense de abusos contra los derechos humanos en otros países.

"Este veredicto envía un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: no quedarán impunes quienes se beneficien de violaciones de los derechos humanos. Estas familias, víctimas de grupos armados y empresas, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial", declaró en un comunicado de prensa Marco Simons, asesor jurídico de EarthRights International y abogado de uno de los demandantes.

"La situación en Colombia fue trágica para muchas personas", señaló Chiquita, con sede en Florida, en un comunicado emitido tras el veredicto. "Sin embargo, eso no cambia nuestra creencia de que no existe una base jurídica para estas afirmaciones".

De acuerdo con documentos judiciales, Chiquita pagó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) unos 1,7 millones de dólares de 1997 a 2004. Al grupo paramilitar se le atribuyen los asesinatos de miles de personas durante esos años.

Chiquita insistió en que su subsidiaria colombiana, Banadex, hizo los pagos únicamente por temor de que las AUC perjudicaran a sus empleados y operaciones, según los expedientes judiciales.

El veredicto se produjo tras un juicio de seis semanas de duración y dos días de deliberaciones. El caso de EarthRight fue presentado originalmente en julio de 2007 y se combinó con otras demandas.

"Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir cuentas a Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos. Estoy muy agradecida al jurado por el tiempo y el cuidado que puso al evaluar las pruebas", dijo Agnieszka Fryszman, otra abogada del caso. "El veredicto no recupera a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita".

En 2007, Chiquita se declaró culpable de participar en transacciones con una organización terrorista extranjera —el Departamento de Estado designó así a las AUC en 2001— y acordó pagar una multa de 25 millones de dólares, y también le requirió a la empresa implementar un programa de cumplimiento y ética.