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La Habana, Cuba.- Los diputados cubanos estrenaron el jueves un nuevo esquema de gobierno para el que volvieron a designar como mandatario a Miguel Díaz-Canel, al tiempo que eligieron a los miembros de un Consejo de Estado en el cual excluyeron a integrantes de la generación histórica de exrebeldes.
El diseño trata de separar poderes y distribuirlos entre varias figuras en consonancia con la Constitución que entró en vigor en abril.
Díaz-Canel seguirá al frente del ejecutivo, pero ya no será el presidente de un Consejo de Estado, aunque sí mantendrá su cargo al frente de un Consejo de Ministros y deberá designar posteriormente un primer ministro. Como su vice se desempeñará el mismo que hoy ocupa el cargo, Salvador Valdés Mesa.
Al mismo tiempo, encabezando la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento, continuarán como presidente, vice y secretario, Esteban Lazo Hernández, Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, respectivamente. Ellos serán los máximos dirigentes de ese Consejo de Estado, de 21 miembros.
Antiguos dirigentes de la llamada generación histórica que hizo la revolución quedaron ahora afuera de este Consejo de Estado como los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García, 91, en cambio ambos permanecen en el Buró Político del poderoso Partido Comunista.
En sintonía con la nueva Constitución, tampoco estarán en este Consejo de Estado los ministros. “Hoy comienza una nueva etapa de trabajo para quienes representamos al Estado y al Gobierno, demandará de cada dirigente, cuadro y funcionario a todos los niveles, la disposición a echar por la borda el pesado lastre de prácticas obsoletas y mecanismos engorrosos, que ralentizan los procesos y debilitan la autoestima nacional”, expresó Díaz-Canel en el discurso que clausuró la sesión del Parlamento.
El nuevo diseño gubernamental emanó de la Constitución vigente desde abril y una Ley Electoral votada por los diputados del Parlamento unicameral en julio.
El objetivo mencionado por varias de las autoridades impulsoras del cambio Constitucional era, lograr una Carta Magna acorde a la realidad de la isla contemplando una mayor diversidad social actual de la isla con situaciones que iban del reconocimiento de la iniciativa privada --estigmatizada en la anterior Constitución pro soviética de 1976-- o de la doble ciudadanía.
