Impactante ley anti LGTB en Irak

El Cairo, 20 may (EFE).- Human Rights Watch (HRW) demandó este lunes a Irak "revocar inmediatamente" la ley aprobada el pasado abril que castiga con penas de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y la expresión transgénero.

"La aprobación de la ley anti LGTB por parte del parlamento iraquí ratifica el terrible historial de violaciones de derechos contra las personas del colectivo por parte del gobierno iraquí", aseguró la directora interina de derechos LGTB de HRW, Rasha Younes, que catalogó la medida como "un duro golpe a los derechos humanos fundamentales".

La nueva norma condena las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de entre 10 y 15 años de prisión, y entre 1 y 3 años para aquellas que se sometan o realicen intervenciones médicas de afirmación de género y por, según el texto, "imitar a las mujeres", lo que incluye "usar maquillaje y ropa de mujer" en espacios públicos.

La ley también prevé siete años de prisión y una multa de entre 10 millones de dinares iraquíes (7.700 dólares) y 15 millones de dinares (11.500 dólares) por "promover la homosexualidad", aunque no especifica de qué forma.

De la misma manera, prohíbe la terapia hormonal y el "cambio de sexo" por deseo personal, así como cualquier intento de cambiar la identidad de género, con penas de prisión de entre uno y tres años, la misma que se aplica a cualquier cirujano u otro médico que realice una cirugía de afirmación de género.

Según Younes, la decisión del ejecutivo iraquí "agrava el daño para las personas LGTB en Irak, que ya se enfrentan a violencia y amenazas constantes a sus vidas".

Aunque la práctica sexual consensuada entre personas del mismo sexo no estaba anteriormente penalizada explícitamente en Irak, históricamente las autoridades han utilizado vagas leyes de "moralidad" para procesar a las personas LGTB.

La introducción de la regla se produce tras meses de retórica hostil contra las minorías sexuales y de género por parte de funcionarios iraquíes, así como de medidas enérgicas del gobierno contra grupos de derechos humanos.