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Imelda Cortez / Foto: EFE
La vida de Imelda Cortez es un interminable calvario en El Salvador: nació hace 20 años en pobreza extrema en Jiquilisco, en el suroriental departamento de Usulután, y desde los 12 padeció violaciones sexuales de su padrastro, Pablo Henríquez, de 64 y ahora de 71 y encarcelado.
Con 18 y sin saberlo, la joven quedó embarazada en 2016 y en 2017 sufrió un sangrado, parió de urgencia en la letrina de su casa y la bebé sobrevivió, pero la madre fue encarcelada y acusada por tentativa de homicidio agravado por sospechas de aborto. La niña tiene 20 meses de edad y está sana y salva.
Privada de libertad y sin que el Estado salvadoreño le garantizara atención médica y sicológica, con riesgos a su salud e integridad con una leve capacidad cognitiva, Imelda sería juzgada en El Salvador en un caso emblemático en uno de los países más violentos del Hemisferio Occidental y que es uno de los seis de América Latina y el Caribe en los que el aborto en cualquier forma está absolutamente prohibido.
El proceso dio un giro inesperado, puesto que la Fiscalía, con la venia de la defensa de Cortez, solicitó un "juicio abreviado" y el cambio en la tipificación de delito, pasando de intento de homicidio a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad.
Sin embargo, el juez del caso, Hugo Noé García, decidió absolver a Cortez del delito de intento de homicidio, porque, según el fallo emitido este lunes, la "joven no actuó con dolo" y, de acuerdo con los informes médicos, "sufrió una grave perturbación de la conciencia luego de expulsar a su hija en una letrina".
"En síntesis y luego de todos los elementos expuestos lleva a este juez a emitir un fallo absolutorio a favor de Imelda Cortez", señaló García durante la lectura del fallo.
"Esta joven ha sobrevivido a muchos años de violencia sexual", adujo la abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), institución interamericana de defensa de los derechos humanos.
Imelda Cortez fue puesta en libertad luego de permanecer en prisión 1 año y 7 meses.
En esta misma línea, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) celebró la liberación de Cortez y señaló que la decisión del tribunal es un "buen precedente jurídico" en el país centroamericano.
"El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social, en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima" de violación y de un sistema judicial que criminaliza y es "injusto", apuntó la organización en un comunicado.
Añadió que la decisión judicial también es "un primer paso en la búsqueda de la justicia para Imelda", dado que "el sistema judicial tiene el reto de generar otro precedente en el caso donde es víctima de violación por parte de su padrastro".
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) también se pronunció al respecto y agradeció a los organizaciones de mujeres por acompañar a la joven y a su familia.
"Celebramos el fallo absolutorio otorgado a Imelda con el que se le restituyen los derechos negados y vulnerados por el Estado salvadoreño durante más de un año", indicó en sus redes sociales.
Mientras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) indicó que esta noticia les "llena de emoción; después de años, Imelda camina en libertad, es declarada inocente y absuelta de cargos".
"Aún quedan mujeres con una historia similar, a través de la política criminalizante y llena de estereotipos que se mantiene en El Salvador (...) hoy celebramos este enorme paso, pero reafirmamos nuestro compromiso, seguiremos pendientes con nuestros #OjosEnElSalvador hasta que el Estado termine de saldar las deudas que tiene con las mujeres", apuntó.
Según el relato difundido por las organizaciones que apoyan a Cortez, ella sufrió desde los 12 años de edad abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó, y es procesada desde abril de 2017 por el delito de tentativa de homicidio agravado.
"Ha sido víctima de pobreza y exclusión social y es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que afecta, particularmente, a mujeres en situación de vulnerabilidad", dijo Aguiluz a EL UNIVERSAL.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
"El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres", lamentó, por su parte, la salvadoreña Morena Herrera, jerarca de la Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, de San Salvador.
Sistema patriarcal
"Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos, una vez más, cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto. Es muy grave y triste ver que nada cambia en uno de los países más restrictivos del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras las mujeres mueren y abarrotan cárceles sin motivo", afirmó. CEJIL precisó que "durante toda su vida, [Imelda] enfrentó una situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social".
Con apenas 12 años fue sometida por su padrastro a violencia sexual reiterada y quedó encinta a los 18.
El 17 de abril de 2017 tuvo un parto extra-hospitalario en la letrina de su casa y, con un fuerte sangrado y pérdida del conocimiento, fue llevada por su madre y familiares del padrastro a un hospital.
Una médico residente de turno alertó a la policía de sospecha de aborto. La joven, entonces con 19, fue detenida y tres días después la Fiscalía General de El Salvador cambió el delito y la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa.
El aborto en esa nación tampoco es permitido ni siquiera en circunstancias extremas de peligro a la salud y la existencia de la madre, de inviabilidad del feto por malformaciones incompatibles con su vida o si el embarazo fue por incesto o violación.
El asunto movilizó a organizaciones no estatales de defensa de los derechos humanos de América y Europa, que denunciaron que en el proceso penal tampoco fueron respetados los derechos de Imelda y que, "en clara violación de la presunción de inocencia", la joven fue detenida sin motivos suficientes.
Con información de EFE y El Universal
La vida de Imelda Cortez es un interminable calvario en El Salvador: nació hace 20 años en pobreza extrema en Jiquilisco, en el suroriental departamento de Usulután, y desde los 12 padeció violaciones sexuales de su padrastro, Pablo Henríquez, de 64 y ahora de 71 y encarcelado.
Con 18 y sin saberlo, la joven quedó embarazada en 2016 y en 2017 sufrió un sangrado, parió de urgencia en la letrina de su casa y la bebé sobrevivió, pero la madre fue encarcelada y acusada por tentativa de homicidio agravado por sospechas de aborto. La niña tiene 20 meses de edad y está sana y salva.
Privada de libertad y sin que el Estado salvadoreño le garantizara atención médica y sicológica, con riesgos a su salud e integridad con una leve capacidad cognitiva, Imelda sería juzgada en El Salvador en un caso emblemático en uno de los países más violentos del Hemisferio Occidental y que es uno de los seis de América Latina y el Caribe en los que el aborto en cualquier forma está absolutamente prohibido.
El proceso dio un giro inesperado, puesto que la Fiscalía, con la venia de la defensa de Cortez, solicitó un "juicio abreviado" y el cambio en la tipificación de delito, pasando de intento de homicidio a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad.
Sin embargo, el juez del caso, Hugo Noé García, decidió absolver a Cortez del delito de intento de homicidio, porque, según el fallo emitido este lunes, la "joven no actuó con dolo" y, de acuerdo con los informes médicos, "sufrió una grave perturbación de la conciencia luego de expulsar a su hija en una letrina".
"En síntesis y luego de todos los elementos expuestos lleva a este juez a emitir un fallo absolutorio a favor de Imelda Cortez", señaló García durante la lectura del fallo.
"Esta joven ha sobrevivido a muchos años de violencia sexual", adujo la abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), institución interamericana de defensa de los derechos humanos.
Imelda Cortez fue puesta en libertad luego de permanecer en prisión 1 año y 7 meses.
En esta misma línea, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) celebró la liberación de Cortez y señaló que la decisión del tribunal es un "buen precedente jurídico" en el país centroamericano.
"El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social, en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima" de violación y de un sistema judicial que criminaliza y es "injusto", apuntó la organización en un comunicado.
Añadió que la decisión judicial también es "un primer paso en la búsqueda de la justicia para Imelda", dado que "el sistema judicial tiene el reto de generar otro precedente en el caso donde es víctima de violación por parte de su padrastro".
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) también se pronunció al respecto y agradeció a los organizaciones de mujeres por acompañar a la joven y a su familia.
"Celebramos el fallo absolutorio otorgado a Imelda con el que se le restituyen los derechos negados y vulnerados por el Estado salvadoreño durante más de un año", indicó en sus redes sociales.
Mientras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) indicó que esta noticia les "llena de emoción; después de años, Imelda camina en libertad, es declarada inocente y absuelta de cargos".
"Aún quedan mujeres con una historia similar, a través de la política criminalizante y llena de estereotipos que se mantiene en El Salvador (...) hoy celebramos este enorme paso, pero reafirmamos nuestro compromiso, seguiremos pendientes con nuestros #OjosEnElSalvador hasta que el Estado termine de saldar las deudas que tiene con las mujeres", apuntó.
Según el relato difundido por las organizaciones que apoyan a Cortez, ella sufrió desde los 12 años de edad abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó, y es procesada desde abril de 2017 por el delito de tentativa de homicidio agravado.
"Ha sido víctima de pobreza y exclusión social y es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que afecta, particularmente, a mujeres en situación de vulnerabilidad", dijo Aguiluz a EL UNIVERSAL.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
"El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres", lamentó, por su parte, la salvadoreña Morena Herrera, jerarca de la Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, de San Salvador.
Sistema patriarcal
"Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos, una vez más, cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto. Es muy grave y triste ver que nada cambia en uno de los países más restrictivos del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras las mujeres mueren y abarrotan cárceles sin motivo", afirmó. CEJIL precisó que "durante toda su vida, [Imelda] enfrentó una situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social".
Con apenas 12 años fue sometida por su padrastro a violencia sexual reiterada y quedó encinta a los 18.
El 17 de abril de 2017 tuvo un parto extra-hospitalario en la letrina de su casa y, con un fuerte sangrado y pérdida del conocimiento, fue llevada por su madre y familiares del padrastro a un hospital.
Una médico residente de turno alertó a la policía de sospecha de aborto. La joven, entonces con 19, fue detenida y tres días después la Fiscalía General de El Salvador cambió el delito y la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa.
El aborto en esa nación tampoco es permitido ni siquiera en circunstancias extremas de peligro a la salud y la existencia de la madre, de inviabilidad del feto por malformaciones incompatibles con su vida o si el embarazo fue por incesto o violación.
El asunto movilizó a organizaciones no estatales de defensa de los derechos humanos de América y Europa, que denunciaron que en el proceso penal tampoco fueron respetados los derechos de Imelda y que, "en clara violación de la presunción de inocencia", la joven fue detenida sin motivos suficientes.
Con información de EFE y El Universal
