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El gobierno de El Salvador exigió el viernes a las empresas telefónicas que operan en el país centroamericano que corten por completo la señal telefónica en todas las cárceles para evitar que los pandilleros ordenen desde esos recintos asesinatos y extorsiones.
“Le hemos pedido a las empresas telefónicas de manera contundente que en 72 horas no debe de existir ninguna señal, tanto de datos como de llamadas desde los centros penales”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas.
Después de una matanza de 11 trabajadores que estremeció a la opinión pública en marzo de 2016, atribuida por las autoridades a las pandillas, el gobierno pasado declaró emergencia en siete cárceles y exigió la interrupción de las señales telefónicas, en tanto que la Asamblea Legislativa dio luz verde a las autoridades para someter a los criminales a aislamientos severos.
Pero el ministro Rivas dijo que “las empresas (telefónicas) nos dieron un informe que (en) los centros penitenciarios hay señal y los privados de libertad pueden realizar llamadas”. Y recientemente al anunciar su plan de seguridad, el presidente Nayib Bukele afirmó que las compañías telefónicas no estaban cumpliendo con esa medida.
En tanto, esta semana la Dirección General de Centros Penales, que depende de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, ordenó que se suspendiera el uso de cabinas telefónicas en las cárceles para cortar la comunicación de los reos hacia el exterior.
El director General de Centros Penales, Osiris Luna, explicó que antes los privados de libertad podían llamar hasta diez números telefónicos y hacer uso hasta de 100 dólares de saldo mensuales, “lo que propiciaba que se ordenaran hechos delictivos desde los recintos carcelarios”.
Luna dijo que también se decretó emergencia en los 28 centros penitenciarios del país y se ordenó el traslado de reos de alta peligrosidad que supuestamente ordenaban los actos delictivos desde las cárceles.
“Este día no solo hemos realizado traslados estratégicos de reos, sino que hemos iniciado el rompimiento de estructuras criminales y las mafias dentro de los centros penales instaurados desde la tregua”, afirmó Luna en su cuenta oficial de Twitter.
Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tienen presencia en barrios y comunidades populares están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. La mayoría de sus cabecillas están encarcelados en la prisión de máxima seguridad conocida como “Zacatraz”.
Las maras están involucradas en narcotráfico y crimen organizado, pero además extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte y asesinan a los que se niegan a pagar, según las autoridades.
