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SANTIAGO, Chile (AP) — Familiares de centenares de detenidos y desaparecidos chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) rechazaron el viernes la decisión de la guardia de prisiones que propuso liberar condicionalmente a 15 violadores de derechos humanos.
En el marco de la 150ma marcha que la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD) realiza los viernes frente al palacio de gobierno en demanda de verdad y justicia, decenas de personas acudieron al frontis del Ministerio de Justicia donde se leyó una carta dirigida al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para exigir que los criminales de lesa humanidad sigan encarcelados.
La AFDD indicó que de los 15 postulados a la libertad, “ninguno de ellos cumple con los requisitos que la normativa internacional de los derechos humanos exige”, señala la misiva.
Uno de los requisitos para salir en libertad es haber cumplido con dos tercios de la condena.
“Creo que es una aberración que los criminales de lesa humanidad reciban beneficios carcelarios sin haber dado ninguna muestra de arrepentimiento, sin haber dado ninguna muestra de haber tomado conciencia del daño que causaron”, dijo a The Associated Press Jorge Zúñiga Muñoz.
Ana María Carreño, dirigente de la AFDD, declaró que también piden que los condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan su sentencia en cárceles comunes. Actualmente, están en Punta Peuco, 40 kilómetros al norte de Santiago, un recinto construido especialmente para ellos, donde tienen beneficios como televisión por cable, cocinas y baños bien equipados y dormitorios para dos personas. En las cárceles comunes los recluidos viven en un absoluto hacinamiento.
La postulación de los criminales fue divulgada el jueves por la radio local Bíobio, que reveló un informe dirigido por la guardia de prisiones a un consejo de jueces con el listado de los criminales de lesa humanidad, algunos con condenas perpetuas y/o superiores a 100 años, para que decida si otorgan o no las libertades basados en el informe institucional.
Conocido el informe, Gendarmería, la guardia de prisiones, afirmó que este año emitieron un par de oficios para informar de los más estrictos requisitos que a partir de enero de 2019 rigen para otorgar libertades condicionales, y que “dichas directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”, por lo que iniciará un sumario “para perseguir todas las responsabilidades administrativas que corresponden”.
Una investigación oficial determinó que el régimen militar dejó poco más de 40 mil víctimas, de las cuales 3.065 fueron asesinados, incluidos un millar cuyos cuerpos fueron hechos desaparecer. Los responsables de los crímenes encarcelados no superan los 200.
