Delegada de la ONU advierte sobre abuso de la fiscalía de Colombia

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía de Colombia hizo un “uso abusivo” de su función de persecución judicial en dos casos relacionados con el tribunal de paz que juzga los crímenes cometidos en cinco décadas de conflicto interno, lo que supuso un obstáculo al proceso de paz, según advirtió el jueves la delegada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Antonia Urrejola, encargada de identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la guerrilla FARC, denunció que ese exceso en el rol de persecución de la fiscalía se dio en al menos dos episodios.

Por un lado, en el caso de alias “Jesús Santrich”, un excomandante guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y también en un proceso judicial contra tres funcionarios del Tribunal de Paz.

En el primero, el tribunal de paz, llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), elevó una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía —encargada de la persecución penal ordinaria— por la presunta falta de cooperación a la hora de entregar información sobre la situación jurídica de “Jesús Santrich” que fue solicitada entre 2018 y 2019 y que serviría para verificar si le podían dar garantías de no extradición como parte del beneficio por firmar la paz.

“El tema se resolvió más de un año después con “Jesús Santrich” privado de libertad durante todo ese tiempo, con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía... Afecta el debido proceso una demora excesiva independientemente de las responsabilidades”, señaló Urrejola el jueves en una rueda de prensa en Bogotá.

En 2018, la Fiscalía que lideraba Néstor Humberto Martínez —crítico del proceso de paz— capturó a “Santrich” señalándolo de planificar un envío de cocaína a Estados Unidos, país que lo requería en extradición, meses después de firmar el tratado de paz.

Fabio Younes, quien comparte acusación con “Santrich”, le dijo en 2022 a una jueza en la corte federal de Manhattan que se declaraba culpable de asociación delictiva para importar cocaína a Estados Unidos.

Tras estar preso y recuperar su libertad por decisión de la Corte Suprema, “Santrich” permaneció prófugo durante tres años y volvió a las armas, fundando un grupo disidente llamado “Segunda Marquetalia”, junto al excomandante de las FARC y también desertor del acuerdo alias “Iván Márquez”.

Según informó el mismo grupo armado en 2021, se presume que “Santrich” está muerto.

El caso de “Santrich” es uno de los que más tensión ha generado en Colombia en torno al proceso de paz.

En abril de este año, el canciller Álvaro Leyva sugirió ante el Consejo de Seguridad de la ONU investigar si hubo un “entrampamiento” contra el proceso de paz en el caso de “Santrich”.

Para Urrejola, lo sucedido en ese episodio, sumado a tensiones internas en las ex FARC, de alguna manera aceleró que algunos firmantes del acuerdo de paz volvieran a las armas.

Colombia lidia con varias facciones de disidencias de las extintas FARC que tienen en sus filas más de 5.000 armados, según cálculos de las Fuerzas Armadas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió el jueves en X, antes Twitter, en la teoría del “entrampamiento” de la Fiscalía. Recordó que en 2020, cuando era senador, una investigación suya apuntó a que con un montaje querían hacer “aparecer” a “Santrich” en operaciones "narcotraficantes después de firmar el acuerdo de paz".

Petro agregó que la “traición al acuerdo de paz disparó" las disidencias de las FARC, que generan violencia en el país y con las que él intenta acercamientos de paz.

El segundo caso en el que Urrejola observó abuso de la persecución de la fiscalía fue en el proceso judicial que enfrentaron tres funcionarios de la secretaría ejecutiva de la JEP por presuntas irregularidades para favorecer indebidamente a exintegrantes de las FARC.

La Fiscalía los imputó, pero un juez los absolvió en 2022 por considerar que no se determinó su responsabilidad directa.

“Esas personas no pudieron postular a la JEP porque fueron objeto de una persecución, de una judicialización que demoró tres años y medio y el año pasado fueron absueltas”, indicó Urrejola, experta internacional de derechos humanos de la ONU.

Urrejola aclaró que su mandato no equivale a una investigación criminal que pudiera determinar responsabilidades penales, sino a un análisis del contexto en el que ocurrió la situación denunciada por la JEP y sus consecuencias sobre la implementación del acuerdo de paz.

El informe completo será presentado por Urrejola en marzo de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.