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Sanción del gobierno de EE. UU. a Tren de Aragua

Extradición y acusaciones contra miembro del Tren de Aragua

Por AP

Julio 11, 2024 07:35 p.m.

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MIAMI (AP) — El gobierno estadounidense sancionó el jueves a la pandilla venezolana Tren de Aragua al considerarla una organización criminal transnacional, y ofreció 12 millones de dólares como recompensa por el arresto de sus líderes.

Washington acusa a la otrora pandilla carcelaria de propagarse por Latinoamérica con una actividad criminal que incluye secuestros, extorsiones y tráfico humano.

El Tren de Aragua se suma así a la pandilla salvadoreña MS-13 y a la Camorra italiana en una lista de organizaciones criminales transnacionales que tienen prohibido hacer negocios en Estados Unidos.

"Tren de Aragua representa una amenaza criminal mortal en toda la región", indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado, añadiendo que con frecuencia se aprovecha de poblaciones vulnerables, como mujeres y niñas migrantes, para el tráfico sexual.

"Cuando las víctimas buscan escapar de esta explotación, los miembros del Tren de Aragua a menudo las matan y publicitan sus muertes como una amenaza para otras", agrega el comunicado.

Horas más tarde, el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, almirante en jefe Remigio Ceballos, anunció que el jueves arribó al país extraditado por España, un hermano del líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero, alias "El Niño Guerrero".

Mediante su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, Ceballos indicó que Gerso Guerrero, "hermano del terrorista Héctor Guerrero, del extinto" Tren de Aragua es requerido por la justicia venezolana tras "cometer diversos delitos contra el pueblo".

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, también a través de X, resaltó que, ante la solicitud del Ministerio Público de Venezuela, España extraditó a Gerso Guerrero, acusado de "extorsión agravada, legitimación de capitales, asociación, tráfico ilícito de armas y municiones, terrorismo y financiamiento al terrorismo". Podría ser sentenciado a hasta 30 años de prisión, la pena máxima en este país sudamericano.