Desarticulación de un complot golpista en Brasil

SAO PAULO (AP) — La policía federal brasileña arrestó el martes a cinco oficiales acusados de un complot golpista que incluía planes para derrocar al gobierno tras las elecciones de 2022 y asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, informaron las autoridades.

Los cinco también planearon matar al compañero de fórmula de Lula, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Cuatro de los arrestados son militares de operaciones especiales, uno de ellos un general de brigada retirado, y un agente de la policía federal.

La policía dijo que también se ejecutaron tres órdenes de allanamiento junto con otras medidas, incluyendo la incautación de los pasaportes de los sospechosos y la prohibición de que estos se comuniquen entre sí. No estaba claro cuándo se presentarían oficialmente cargos contra los cinco sospechosos.

"El objetivo era impedir la toma de posesión del gobierno legítimamente electo y socavar el libre ejercicio de la democracia y la autoridad del poder judicial de Brasil", indicó De Moraes en la orden.

"Estas acciones, que alcanzaron su punto máximo entre noviembre y diciembre de 2022, formaban parte de un plan más amplio para llevar a cabo un golpe de Estado", añadió.

Lula se reeligió como presidente de Brasil para un tercer mandato no consecutivo después de derrotar por poco al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en octubre de 2022. Bolsonaro, quien frecuentemente puso en duda los resultados electorales sin proporcionar pruebas y nunca reconoció su derrota, partió hacia Estados Unidos días antes de la investidura de Lula en enero de 2023.

Después de las elecciones, los simpatizantes acérrimos de Bolsonaro organizaron protestas a nivel nacional contra los resultados, cerrando carreteras y acampando afuera de las instalaciones militares. Esto culminó en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes irrumpieron en los edificios gubernamentales en la capital de Brasilia una semana después de la toma de posesión de Lula, con el propósito de destituirlo.

El general de brigada retirado Mário Fernandes, uno de los oficiales arrestados el martes, desempeñó un papel clave en vincular estos campamentos pro-Bolsonaro con el gabinete del expresidente, según detalles de la investigación que fueron incluidos en la orden del juez y a los cuales tuvo acceso The Associated Press.

Fernandes se desempeñó como secretario general interino en el gabinete de Bolsonaro desde octubre de 2020 hasta el final de su mandato. La policía encontró evidencia de que orquestó un plan para matar a De Moraes, Lula y Alckmin, y de que visitó los campamentos de protesta afuera de las instalaciones militares, incluyendo en la sede del ejército en Brasilia. Según la policía, hay evidencia de que Fernandes dio instrucciones y apoyo financiero a los manifestantes.

El plan de Fernandes, según el documento, también contempló diferentes escenarios, como el uso de explosivos o veneno en un evento oficial, para asesinar al juez.

Bolsonaro había criticado durante mucho tiempo al STF y el blanco principal de su ira era De Moraes. Los simpatizantes del expresidente consideran a De Moraes su principal enemigo.

El juez lideró una investigación de cinco años sobre noticias falsas y amenazas contra los magistrados del STF, lo que ha llevado a la prohibición de algunos aliados y simpatizantes ultraderechistas en redes sociales e incluso algunas condenas a prisión.

De Moraes también presidió el Tribunal Superior Electoral de la nación cuando declaró a Bolsonaro no apto para ostentar cargos públicos hasta 2030, al encontrar que había abusado de su poder y emitido dudas infundadas sobre la validez del resultado de la elección de 2022.

Bolsonaro también está siendo investigado por una serie de posibles delitos, entre ellos si estuvo involucrado en incitar el levantamiento para derrocar a su sucesor.

El plan de Fernandes también describió un escenario de envenenamiento de Lula. El oficial de policía federal arrestado el martes, Wladimir Matos Soares, supuestamente proporcionó a los otros conspiradores militares información sobre la seguridad de Lula.

El documento, al cual tuvo acceso la AP, no contenía indicaciones de que se hubiera puesto en marcha algún intento de asesinar a Lula y a Alckmin. Sin embargo, los investigadores encontraron mensajes y documentos que indicaban que los conspiradores estaban monitoreando y siguiendo a De Moraes en ese momento.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, pareció valerse de eso, y dijo que no había habido ningún intento de asesinato, además de afirmar que "por repugnante que sea pensar en matar a alguien, no es un delito".

Sin embargo, el magistrado del STF Gilmar Mendes dijo a la red de televisión local Globonews el martes por la tarde que las acciones que se le imputan iban más allá de solo planear y que estaban en proceso de implementación.

Un documento que la policía había incautado previamente de otro oficial militar arrestado, el teniente coronel Hélio Ferreira Lima, detallaba un plan para derrocar al gobierno electo, incluyendo orquestar una investigación sobre un supuesto fraude electoral y llamar a nuevas elecciones con un decreto presidencial respaldado por el Congreso.

Los investigadores también habían encontrado previamente otro documento que describía un llamado Gabinete de Crisis de 11 militares encabezado por dos generales de alto rango de la administración de Bolsonaro, quienes asumirían el poder después de un intento de golpe de Estado.

La policía también ha encontrado evidencia de que algunos de estos documentos fueron impresos dentro del palacio presidencial durante el mandato de Bolsonaro, y que parte del plan se discutió en la residencia de su compañero de fórmula, el exministro de Defensa, general Walter Braga Netto.

En marzo, dos altos militares brasileños de alto rango le dijeron a la policía que Bolsonaro les había presentado un plan para que él permaneciera en el poder después de la elección de 2022. Sin embargo, ambos se negaron y le advirtieron que lo arrestarían si lo intentaba, según documentos judiciales publicados a principios de este año.

El presidente Lula fue informado de las órdenes de arresto el martes por la mañana, según informes de prensa en Brasil, mientras era el anfitrión del último día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Lula no mencionó los arrestos durante su discurso de apertura en el segundía día de la cumbre.

El ejército más tarde dijo que ninguno de los sospechosos arrestados estaba involucrado en proporcionar seguridad para el G20, pero se negó a comentar más sobre la investigación en curso.

El miércoles pasado, un hombre detonó un explosivo afuera del STF en Brasilia, que De Moraes describió como una consecuencia de los frecuentes ataques de extrema derecha y discursos de odio dirigidos a las instituciones del país.

La policía federal está investigando la explosión como un acto de terrorismo, según el director de la fuerza, Andrei Passos Rodrigues.