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Santiago de Chile.- Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y la impunidad en que se mantuvieron han arrastrado a la Iglesia católica chilena a la peor crisis de su historia, puesta en evidencia con la renuncia de los miembros de la Conferencia Episcopal.
Después de tres días de reuniones con el papa Francisco, que los convocó para abordar la situación, 34 obispos chilenos anunciaron que han puesto sus cargos a disposición del pontífice, quien les entregó un documento reservado, con duras palabras sobre los vergonzosos comportamientos de los prelados en el llamado “caso Barros”.
Barros, nombrado en 2015 obispo de Osorno por Francisco, fue acusado de encubridor por las víctimas de Fernando Karadima, un influyente párroco condenado por la justicia canónica, pero nadie les escuchó durante varios años, incluido el mismo papa, que en su visita a Chile el pasado enero calificó de “calumnias” las acusaciones.
No obstante, Francisco envió después a Chile al arzobispo Charles Scicluna para hablar con las víctimas y tras conocer su informe, citó a los obispos a Roma. Previamente invitó a tres víctimas emblemáticas de Karadima al Vaticano.
El pontífice conversó largamente con Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, los alojó y les pidió perdón.
Los prelados también pidieron “perdón por el dolor causado a las víctimas, al pueblo de Dios y al país por nuestros errores y omisiones”.
“Me alegra tremendamente para empezar a sanar esta Iglesia que no se merece a estos verdaderos corruptos y criminales”, afirmó Juan Carlos Cruz, abusado por Fernando Karadima.
En el documento entregado a los obispos, el papa anuncia medidas de corto, mediano y largo plazo en la iglesia chilena y advierte que si bien puede haber remociones de autoridades, eso no es suficiente ni soluciona los problemas de fondo.
También señaló que la investigación del arzobispo Scicluna comprobó que en los casos de muchos abusadores “se detectaron ya graves problemas en ellos en su etapa de formación en el seminario” y que se constató que algunos obispos confiaron dichas instituciones educativas “a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa”.
