Inicio del Juicio por Intento de Homicidio a Cristina Fernández en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal federal argentino inició el miércoles el juicio oral a los tres acusados por el intento de homicidio en 2022 de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la política en las últimas dos décadas.

El proceso tiene como imputados a Fernando Sabag Montiel, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló una pistola en la cabeza de la entonces vicepresidenta (2019-2023) en plena vía pública; su entonces pareja Brenda Uliarte, considerada coautora del intento de agresión, y Nicolás Carrizo, allegado de ambos y quien está imputado como partícipe secundario.

Durante el juicio desfilarán más de 200 testigos, entre ellos la también exmandataria (2007-2015), quien además es querellante y está disconforme con la investigación que llevó a cabo la justicia al considerar que no ahondó en la autoría ideológica del ataque y sospecha que sectores opositores podrían haberlo ideado y financiado.

Fernández de Kirchner dijo que la investigación evitó "conocer la verdad".

Los tres detenidos, quienes estaban presentes en la primera audiencia, también son conocidos como "La Banda de los Copitos". Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña y residente en Argentina desde hace décadas, trabajaba junto a Uliarte vendiendo algodón de azúcar, supuestamente a las órdenes de Carrizo.

El principal acusado por el frustrado atentado dijo en una entrevista periodística en 2023 desde la cárcel que actuó solo y trató de desvincular a su pareja y a cualquier grupo opositor. Señaló que la bala no salió porque se puso nervioso y que no se arrepentía del hecho. Los otros dos acusados han sostenido su inocencia.

Durante la primera audiencia, el secretario del tribunal leyó los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y la querella en los que están detalladas las acusaciones.

Carlos Rívolo, el fiscal a cargo de la investigación, consideró a mediados de 2023 que no había pruebas sobre una financiación ni planeación política del intento de homicidio y pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que enviara a juicio oral la causa. La magistrada había delegado la investigación en el fiscal porque Fernández de Kirchner puso en duda su imparcialidad.

Rívolo dijo que toda la prueba recabada hasta ese momento impedía considerar que hubiera existido "una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

El intento de asesinato se produjo frente al domicilio en Buenos Aires de la entonces vicepresidenta, ahora de 71 años, adonde se habían concentrado cientos de sus seguidores para darle apoyo cuando se desarrollaba un juicio oral en su contra por supuesta corrupción. Tiempo después ese proceso derivó en una condena para Fernández de Kirchner de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado, que la dirigente política apeló.

En medio de ese grupo de simpatizantes estaban Sabag Montiel y su novia. Cuando la entonces vicepresidenta se acercó, el hombre apuntó con una pistola Bersa a unos 20 centímetros de su rostro y gatilló. Según expertos, la bala no salió porque no estaba en la recámara.

El intento de asesinato no fue advertido por la custodia y la detención del agresor fue llevada a cabo por un grupo de militantes de la dirigente peronista que presenciaron la maniobra y levantaron el arma del suelo.

En el transcurso de la investigación Fernández de Kirchner pidió la profundización de otras líneas de investigación, como las relacionadas con un diputado opositor y una agrupación de extrema derecha en algunas de cuyas protestas participó Uliarte, que no forman parte del expediente elevado a juicio y son analizadas de forma separada.

Si bien los tres detenidos carecían de filiación política, eran muy activos en las redes sociales contra el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández y en especial contra la vicepresidenta.

Se espera que el proceso oral se prolongue durante un año.