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TRÍPOLI, Libia (EFE).- Más de 1,800 familias libias se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de los cruentos combates entre milicias que desde hace diez días ensangrentan Trípoli, los peores desde el inicio en 2014 de la guerra civil.
Fuentes del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli, explicaron a Efe que muchos han logrado hallar refugio momentáneo en escuelas y hospitales de algunos de los barrios aún a salvo de los enfrentamientos, que ya han segado la vida de medio centenar de personas.
"Otras, sin embargo, siguen todavía atrapadas en zonas de combate, sin acceso a la electricidad ni al agua corriente, y con dificultades para lograr comida", agregó la fuente que admitió que "la tragedia humanitaria se agudiza".
Cerca de sesenta de ellas siguen bloqueadas en el llamado "Triángulo Suzuki" desde que el pasado viernes los choques, que estallaron el pasado 26 de agosto en los barrios del sur de la capital, se extendieran hacia el norte.
"Los proyectiles caen ya en cualquier sitio. No hay ya ningún lugar seguro en la ciudad", explicó a Efe un vecino del barrio de Ain Zara, castigado por los duelos artilleros entre las distintas milicias.
"Pero hay mucha gente que aún así prefiere quedarse en casa por miedo al pillaje. La situación es dramática", añadió, por su parte, Essam Ahmed, periodista y activista libio de los derechos humanos, que reside la capital.
Ambos contrincantes se acusan mutuamente de violar las leyes de la guerra y han instado a la población a presentarse en sus respectivos cuarteles para denunciar los numerosos robos y asaltos a objetivos civiles.
"Hace días que las mercancías no circulan por calles. Las tiendas están vacías y apenas hay instrumental y medicinas para atender a los enfermos. Las milicias tienen bloqueadas las carreteras de acceso", explicó Ahmed.
Los combates arrancaron en el barrio de Salehedin, una zona que permite el acceso al antiguo aeropuerto internacional de la ciudad, controlada por la llamada "Séptima Brigada" y las milicias de la vecina Tarhouna, ciudad situada a unos 60 kilómetros al sur de Trípoli.
A ellas se ha sumado Salah Badi, un antiguo líder revolucionario y diputado de la ciudad de Misrata, afín al gobierno islamista que perdió las elecciones en 2014, y al que se le acusa de ser uno de los responsables de la actual guerra civil.
Y algunas milicias de la poderosa ciudad occidental de Zintan, una de las más poderosas del país.
Enfrente luchan las Brigadas Revolucionarias de Trípoli (TRB), del señor de la guerra Haizan Tajouri, y la Fuerza Especial de Disuasión (RADA), del salafista Abdel Rauf Kara, que controlan los ministerio de Interior y Defensa del GNA, gobierno que financia la Unión Europea.
A ellos se han sumado en las últimas horas tropas de la alianza "Buyan al Marsus", creada en 2016 para la combatir a la rama libia del Estado Islámico en Sirte y liderada por la ciudad estado de Misrata.
Tropas de la citada coalición de milicias, que colaboró con Estados Unidos en la ofensiva contra el EI, se desplegaron el domingo en el distrito de Tajoura, en el extrarradio este de Trípoli, prestas para intervenir.
En el conflicto están también implicados otros señores de la guerra como Ghnewa al Kikli, Osama al Jwilli o Emad Trabelsi -este último procedente también de Zintan- cuya lealtad aún no está clara.
RADA ha acusado a la "Séptima Brigada" y a "Tarhouna" de ser una quintacolumna del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del este de Libia, enfrentado al GNA.
En este ambiente de creciente tensión bélica, la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL) ha convocado hoy una reunión para forzar un alto el fuego permanente.
Su portavoz, Sausan Ghosheh, aseguró que se celebrará durante la noche, a puerta cerrada, y que a ella han sido invitadas "todas las partes concernidas", sin detallar que grupos son, ni el lugar de la misma.
Fuentes próximas a la mediación en Libia aseguraron a Efe que una de las condiciones que se pondrán sobre la mesa será la renuncia del GNA, que desde que se formara en abril de 2016 no ha sido capaz de imponer su autoridad, ni siquiera en la capital, pese a contar con el apoyo de la ONU y el dinero de la UE.
El fin del gobierno que dirige el controvertido Fayez Al Sarraj también fue exigido la semana pasada por los diputados del Parlamento rival en Tobruk, tutelado por Hafter, que sí firmaron el acuerdo de reconciliación forzado por la ONU en diciembre de 2015, y que permitió su formación.
Fuentes del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli, explicaron a Efe que muchos han logrado hallar refugio momentáneo en escuelas y hospitales de algunos de los barrios aún a salvo de los enfrentamientos, que ya han segado la vida de medio centenar de personas.
"Otras, sin embargo, siguen todavía atrapadas en zonas de combate, sin acceso a la electricidad ni al agua corriente, y con dificultades para lograr comida", agregó la fuente que admitió que "la tragedia humanitaria se agudiza".
Cerca de sesenta de ellas siguen bloqueadas en el llamado "Triángulo Suzuki" desde que el pasado viernes los choques, que estallaron el pasado 26 de agosto en los barrios del sur de la capital, se extendieran hacia el norte.
"Los proyectiles caen ya en cualquier sitio. No hay ya ningún lugar seguro en la ciudad", explicó a Efe un vecino del barrio de Ain Zara, castigado por los duelos artilleros entre las distintas milicias.
"Pero hay mucha gente que aún así prefiere quedarse en casa por miedo al pillaje. La situación es dramática", añadió, por su parte, Essam Ahmed, periodista y activista libio de los derechos humanos, que reside la capital.
Ambos contrincantes se acusan mutuamente de violar las leyes de la guerra y han instado a la población a presentarse en sus respectivos cuarteles para denunciar los numerosos robos y asaltos a objetivos civiles.
"Hace días que las mercancías no circulan por calles. Las tiendas están vacías y apenas hay instrumental y medicinas para atender a los enfermos. Las milicias tienen bloqueadas las carreteras de acceso", explicó Ahmed.
Los combates arrancaron en el barrio de Salehedin, una zona que permite el acceso al antiguo aeropuerto internacional de la ciudad, controlada por la llamada "Séptima Brigada" y las milicias de la vecina Tarhouna, ciudad situada a unos 60 kilómetros al sur de Trípoli.
A ellas se ha sumado Salah Badi, un antiguo líder revolucionario y diputado de la ciudad de Misrata, afín al gobierno islamista que perdió las elecciones en 2014, y al que se le acusa de ser uno de los responsables de la actual guerra civil.
Y algunas milicias de la poderosa ciudad occidental de Zintan, una de las más poderosas del país.
Enfrente luchan las Brigadas Revolucionarias de Trípoli (TRB), del señor de la guerra Haizan Tajouri, y la Fuerza Especial de Disuasión (RADA), del salafista Abdel Rauf Kara, que controlan los ministerio de Interior y Defensa del GNA, gobierno que financia la Unión Europea.
A ellos se han sumado en las últimas horas tropas de la alianza "Buyan al Marsus", creada en 2016 para la combatir a la rama libia del Estado Islámico en Sirte y liderada por la ciudad estado de Misrata.
Tropas de la citada coalición de milicias, que colaboró con Estados Unidos en la ofensiva contra el EI, se desplegaron el domingo en el distrito de Tajoura, en el extrarradio este de Trípoli, prestas para intervenir.
En el conflicto están también implicados otros señores de la guerra como Ghnewa al Kikli, Osama al Jwilli o Emad Trabelsi -este último procedente también de Zintan- cuya lealtad aún no está clara.
RADA ha acusado a la "Séptima Brigada" y a "Tarhouna" de ser una quintacolumna del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del este de Libia, enfrentado al GNA.
En este ambiente de creciente tensión bélica, la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL) ha convocado hoy una reunión para forzar un alto el fuego permanente.
Su portavoz, Sausan Ghosheh, aseguró que se celebrará durante la noche, a puerta cerrada, y que a ella han sido invitadas "todas las partes concernidas", sin detallar que grupos son, ni el lugar de la misma.
Fuentes próximas a la mediación en Libia aseguraron a Efe que una de las condiciones que se pondrán sobre la mesa será la renuncia del GNA, que desde que se formara en abril de 2016 no ha sido capaz de imponer su autoridad, ni siquiera en la capital, pese a contar con el apoyo de la ONU y el dinero de la UE.
El fin del gobierno que dirige el controvertido Fayez Al Sarraj también fue exigido la semana pasada por los diputados del Parlamento rival en Tobruk, tutelado por Hafter, que sí firmaron el acuerdo de reconciliación forzado por la ONU en diciembre de 2015, y que permitió su formación.
