La Iglesia española reconoce el registro irregular de casi 1,000 propiedades

MADRID (EFE).- El registro irregular de casi 1,000 propiedades por parte de la Iglesia Católica española, reconocido esta semana por la Conferencia Episcopal, renueva la polémica sobre los bienes que inscribió en los últimos años como propios, frente a los que piensan que deben ser patrimonio público.

Al amparo de una reforma legal de 1998, durante el mandato del conservador José María Aznar, la Iglesia registró miles de propiedades  -casi 35,000- que no estaban a nombre de nadie, aunque muchas de ellas eran de dominio público.

En la lista hay iglesias, ermitas, prados, viñedos o propiedades inmobiliarias.

UN LITIGIO HISTÓRICO

España, con un inmenso patrimonio cultural y una presencia preponderante de la Iglesia Católica, tiene una larga trayectoria de litigios entre ésta y el Estado sobre la propiedad de miles de bienes inmuebles y terrenos, cuyos resultados varían según la ideología gobernante.

Ya en el siglo XIX un gobierno liberal llevó a cabo la conocida como desamortización de Mendizábal, por la que una multitud de bienes y terrenos de la Iglesia pasaron a manos privadas o de municipios.

Pero un siglo después, en 1946, en plena dictadura franquista y auge del "nacionalcatolicismo", una ley hipotecaria permitió a la Iglesia registrar bienes que carecían  de propietario, proceso conocido como "inmatricular", con la única condición de que un obispo diera fe de que era propiedad de la Iglesia, aunque  excluía a los templos destinados al culto.

Pero en 1998, durante el Gobierno conservador de José María Aznar, un decreto retiró esa exclusión y desde entonces, hasta que se suprimió esta norma en 2015, casi 35,000 inmuebles fueron registrados como propiedad de la Iglesia.

Muchos de ellos son reclamados por ayuntamientos y otras entidades, al considerarlos de su propiedad.

 El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez,  anunció en enero de 2020 en el debate de su investidura, que modificaría las leyes para recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia.

Esos cambios legales no han llegado, pero el Ejecutivo ha comenzado a revisar con la Iglesia los bienes registrados. 

DESDE PATRIMONIO HISTÓRICO A FINCAS

Al amparo de la reforma de 1998 se registraron a nombre de la Iglesia catedrales, ermitas, plazas, fuentes, casas parroquiales, viviendas, olivares y terrenos de todo tipo.

Aunque lo más llamativo fue la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba (sur), un monumento impresionante de la cultura musulmana que alberga en su interior una catedral católica y que es  Patrimonio de la Humanidad desde 1984.

La Iglesia registró a su nombre este monumento en 2006 por 30 euros, y lo hizo como Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

Pero también registró otros lugares insólitos como las murallas de Artá, en las Islas Baleares (Mediterráneo).

Una de estas inmatriculaciones, un terreno rústico con edificios religiosos en la provincia de Palencia (norte), recibió dos sentencias en contra por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de  Estrasburgo (TEDH), tras ser denunciada por una empresa agrícola y España llegó a ser condenada a pagar 600,000 euros (unos 675,000 dólares) en concepto de daños morales.

ES UN COMIENZO

El Gobierno inste en que la rectificación de estas casi 1,000 propiedades es el principio de un proceso que aún no ha terminado, puesto que no se han revisado todos los registros cuestionados. 

"Ha sido un buen acuerdo y ha sido un buen comienzo", afirmó este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la televisión pública española.

Sin embargo, el socio de los socialistas en el Gobierno, Unidas Podemos, y otros partidos de izquierda que apoyan al Ejecutivo consideraron hoy el acuerdo como "insuficiente".

Por otra parte, la Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de toda España, considera que el acuerdo es "un trampantojo" que hace pagar a la iglesia las migajas de los más de 100.000 bienes que estas asociaciones consideran que se han registrado desde 1946, en lo que califican como "la mayor estafa inmobiliaria de la historia", según el portavoz de la Coordinadora, Antonio Manuel Rodríguez.