Guatemala: Corte ordena liberar a un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó amparo a un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1960-1996) y ordenó que permanezca en libertad, avalando la decisión de la juez que conoce la causa.

Toribio Acevedo Ramírez, de 70 años, es acusado por la fiscalía y victimas de haber participado en la desaparición y ejecución de decenas de personas durante la guerra en el país centroamericano, hechos que quedaron documentados en un dosier conocido como Diario Militar.

Según la resolución de la Corte, con fecha del 19 de marzo y publicada el jueves, el fallo de la juez Claudette Domínguez de otorgarle medida sustitutiva de prisión al acusado debe mantenerse firme. El fallo había sido revocado por una Sala de Apelaciones a petición de la fiscalía y los abogados de las víctimas que reclaman que la ley guatemalteca no permite a acusados de crímenes graves permanecer en libertad mientras son procesados.

Según las acusaciones, Acevedo Ramírez, exjefe de seguridad de la empresa Cementos Progreso, en complicidad con militares y policías, secuestraron, desaparecieron o ejecutaron a decenas de personas durante la guerra. La fiscalía le acusa de los delitos de desaparición forzada, asesinato y contra los deberes de humanidad.

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El hombre fue detenido en 2022, en el aeropuerto de Tocumen en Panamá, una semana después de que el juez Miguel Ángel Gálvez, que primero conoció la causa, ordenó su arresto por los señalamientos en su contra. Según la fiscalía este buscaba huir de la justicia, cuando fue detenido y deportado a Guatemala.

El caso del "Diario militar" saltó a la palestra cuando en 2021 un juez ordenó el arresto de más de una docena de personas acusadas por estos crímenes.

El "Diario Militar" es un dosier encontrado en 1999, que habría sido elaborado por agentes del Estado guatemalteco que documentaron capturas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de 183 personas durante los años ochenta. Según un testigo protegido, Acevedo Ramírez habría participado junto a otros oficiales del Estado, como policías y militares, en los crímenes.

Gálvez que conoció la causa y que ordenó los arrestos tuvo que salir al exilio tras denunciar amenazas y criminalización por su trabajo.

"Le arrancaban las uñas o la lengua. Hubo violaciones y electrocuciones en los genitales de las personas... y lanzadas al mar", dijo entonces en audiencia el juez Gálvez al explicar las torturas y vejámenes que habrían recibido las víctimas.