Mueren jóvenes en protestas contra Boluarte

Lima.- Un segundo manifestante falleció este domingo en la ciudad peruana de Andahuaylas, en la región surandina de Apurimac, cuando participaba en una protesta por el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y confirmó la Defensoría del Pueblo.

El primer fallecido era un adolescente de 15 años e identificado por las iniciales D.A.Q., mientras que el segundo fue identificado como Becam Romario Quispe Garfias, de 18 años, detalló la CNDDHH en Twitter, donde pidió que cese la “represión”.

Las manifestaciones, que se han replicado en otras regiones del país, piden el adelanto de elecciones y la renuncia de Boluarte, que el pasado miércoles asumió el cargo tras la destitución por el Congreso de su antecesor Pedro Castillo, quien había dictado la disolución del Congreso, anunciado que conformaría un ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y una reorganización del sistema judicial. 

El gobernador de la región peruana de Apurímac, Baltazar Lantarón, confirmó este domingo que falleció una persona en las manifestaciones de protesta que se realizan en la ciudad de Andahuaylas. En entrevista con Canal N, Lantarón dijo que el fallecido, un hombre joven, fue conducido a un centro de salud, con una aparente herida en el cuello.

Añadió que, debido a las protestas en esa ciudad, están pidiendo a la presidenta Dina Boluarte que se instale una mesa de diálogo en esa urbe para resolver las demandas de los manifestantes, pues esta medianoche comienza un paro indefinido en esa zona.

“Estamos, como Gobierno regional, canalizando las demandas de la población a la presidenta de la República como son el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso”, agregó Lantarón.

En vista a los desórdenes en esa ciudad, la autoridad regional anunció que han suspendido las clases escolares a partir de mañana, así como el cierre de la atención en las entidades públicas para “evitar atentados” contra sus locales, y de los mercados y comercios privados.