Actualidad sobre los Diálogos de Paz en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano condicionó el jueves la reanudación de un cese al fuego bilateral con la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC al desmantelamiento de las economías ilícitas con las que se financia en el suroeste del país.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó a la prensa que no podrá pactarse un nuevo cese ni avanzar en diálogos de paz con la facción del autodenominado Estado Mayor Central hasta que no se comprometa a dejar el narcotráfico y la minería ilegal. El grupo opera en el suroeste de Colombia.

Velásquez señaló que se trata de una orden que el presidente Gustavo Petro impartió durante un consejo de seguridad realizado en el departamento del Cauca, donde la disidencia atacó el lunes una estación de policía en el municipio de Morales, causando la muerte de dos agentes. Dos de los agresores fueron detenidos.

Además, el grupo disidente detonó una motocicleta con explosivos en Jamundí —cerca de la ciudad de Cali— que dejó seis heridos, entre ellos tres menores de edad.

Petro adelanta negociaciones de paz con el EMC, parte de una política con la que busca diálogos simultáneos con grupos armados ilegales y bandas urbanas.

La disidencia, conformada por quienes no firmaron en 2016 el histórico acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, está compuesta por varias agrupaciones fragmentadas que deciden de manera individual su participación en los diálogos.

Velásquez aseguró que dentro del EMC hay una ruptura interna entre quienes están sentados negociando y quienes no.

"El grupo de alias ´Calarcá´ continúa en la mesa de negociación y el cese al fuego. Con la organización de ´Mordisco´, en el suroccidente del país, se ha dispuesto que no se pactará un nuevo cese sin las acciones de desmonte de las economías ilícitas", afirmó.

En los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, el cese al fuego bilateral pactado en la mesa de negociaciones se suspendió en marzo luego que la disidencia atacó a una población indígena y asesinó a una de sus líderes.

Con los ataques de la última semana, Petro ordenó incrementar las acciones ofensivas contra el EMC en el suroeste.

Velásquez señaló que la ofensiva busca la "reducción o supresión de esa organización" por acción de las fuerzas militares y de la policía, por lo que han incrementado el número de efectivos y las labores de inteligencia.

El funcionario añadió que pretenden debilitar las organizaciones criminales a partir de la afectación profunda de sus finanzas, de las que "obtienen precisamente no sólo su financiamiento, sino también su enriquecimiento".

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 130.000 dólares por información que ayude a dar con el paradero de seis cabecillas del Estado Mayor Central que estarían involucrados en los ataques.