Liberación del periodista peruano Mauricio Fernandini

Lima, 28 may (EFE).- Una sala penal de Perú ordenó la libertad inmediata del periodista Mauricio Fernandini, al aceptar su apelación contra los 30 meses de prisión preventiva que cumplía desde agosto pasado por su presunta participación en una red de sobornos en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), según la resolución publicada este martes por la prensa local.

La excarcelación para Fernandini fue aprobada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, mientras es investigado por el presunto delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario, y ordenó que siga el proceso con comparecencia restringida.

Asimismo, se le impuso la prohibición de comunicarse con la empresaria Sada Goray y otros implicados en el mismo caso, además del pago de una caución económica de 30.000 soles (8.000 dólares o 7.300 euros) a nombre del juzgado.

Goray y Fernandini fueron arrestados el 7 de julio del año pasado en Lima, después de que el juez Raúl Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado, dictó 10 días de detención preliminar ante un pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.

La empresaria es investigada por presuntamente haber pagado, cuando menos, 4 millones de soles a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción durante la gestión de Castillo, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.

Fernandini, un periodista televisivo y radial muy conocido en el país, es acusado de haber sido intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, un exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado.

Goray fue detenida en el aeropuerto internacional de Lima cuando retornó al país desde el extranjero, mientras que el periodista fue intervenido porque se encontraba cerca de la Embajada de Estados Unidos.

Según medios locales, tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de la "colaboración sincera" con la Fiscalía para intentar obtener unas condenas menos severas.

Desde que se hicieron públicas las denuncias periodísticas contra el entonces ministro de Vivienda Juan Silva, este se encuentra prófugo de la justicia.

Por su parte, Castillo cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por ser el presunto líder de esta organización corrupta, a la vez que también tiene otra orden de 18 meses de cárcel preventiva mientras se le procesa por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, después del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.