Alberto Fujimori y la ley de prescripción en Perú

LIMA (AP) — El gobierno y el Congreso de Perú pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "corrija sus excesos" y rechazaron su resolución en contra de una propuesta de ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y que beneficiaría especialmente al expresidente Alberto Fujimori, informó el lunes el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

"Los dos titulares de los poderes del Estado electos han hecho saber a la Corte IDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución", dijo Adrianzén a la prensa en referencia a una carta enviada a la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, firmada el viernes 5 de julio por la presidenta, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

En la misiva le piden a la presidenta de la Corte IDH que en "corrija sus excesos que terminan por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y afectan la soberanía de los Estados". También rechazan "de manera categórica" la resolución de la Corte que "supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes".

El 1 de julio, la Corte IDH ordenó a Perú en una resolución que a través de sus tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— "tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia" a un proyecto aprobado el jueves 4 de julio en el Congreso "que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú" desde antes de 2002.

La presidenta Boluarte, que puede promulgar la ley o devolverla al Parlamento con observaciones, eludió pronunciarse al respecto cuando fue consultada por la noche en una conferencia de prensa y dijo que el documento todavía no le había llegado.

Según un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio, la iniciativa impactará sobre 550 víctimas y 600 casos, entre investigaciones y procesos judiciales, que tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo.

Según expertos, la ley beneficiará en especial al expresidente Fujimori (1990-2000), por ejemplo en un caso emblemático en Perú conocido como Barrios Altos y La Cantuta por el cual fue sentenciado el exmandatario, quien estuvo preso desde 2007 hasta 2023 por el asesinato de 25 peruanos en 1992. Fujimori salió de la cárcel en diciembre cuando el gobierno lo liberó para cumplir un polémico indulto presidencial de 2017 avalado por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la fiscalía indicó que la propuesta de ley también favorecería a Fujimori en otro juicio activo en el que pide encarcelarlo por 25 años por el asesinato de seis campesinos ocurrido en 1992. La iniciativa fue impulsada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente.

Boluarte tiene un 5% de aprobación y un 90% de impopularidad entre la población, según una encuesta de julio del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias a la protección de una coalición de grupos políticos en el Parlamento, incluido Fuerza Popular, la mandataria ha sobrevivido a siete intentos de destitución en sus 19 meses de gestión.

Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000, en el que las fuerzas de seguridad se enfrentaron al grupo armado Sendero Luminoso. El conflicto derivó en decenas de procesos, investigaciones y procesos judiciales contra decenas de militares y miembros de Sendero Luminoso.