Polémicos traslados como posible causa de última masacre en cárcel de Ecuador

Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador), 10 may (EFE).- La cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el centro norte de Ecuador, aún no se recupera del baño de sangre que vivió en la madrugada del lunes, cuando 44 presos fueron masacrados y asesinados en un enfrentamiento entre bandas rivales, mientras que otros 20 siguen fugados.

A última hora de este martes aún quedaban por identificar dos cadáveres de esta matanza, la última de una serie de sanguinarios motines entre bandas rivales que se disputan el control de las prisiones y que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, 63 de ellos solo en este 2022.

Desde primera hora de la mañana, los familiares de las víctimas se agolpaban en la puerta de la morgue de Santo Domingo para tratar de reconocer los restos de sus parientes, en medio de duras escenas de llantos y dolor, según pudo presenciar Efe.

Mientras, las fuerzas de seguridad lograron recapturar este martes a otros 88 presos que se habían escapado durante el amotinamiento, con lo que son ya son 200 reclusos atrapados de los 220 que se fugaron, pero aún 20 permanecen en paradero desconocido.

Esta última masacre ha abierto en el país una profunda polémica sobre las causas que desencadenaron la extrema violencia dentro de esta cárcel, ubicada unos 150 kilómetros al oeste de Quito.

POLÉMICOS TRASLADOS

Todo apunta a que, como ya avanzó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la matanza de Santo Domingo está íntimamente ligada con la anterior masacre —sucedida el 3 de abril en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca—, donde en un enfrentamiento similar fallecieron 20 reos, mientras que al menos otros 10 resultaron heridos.

En ambos episodios, las autoridades aseguran que están detrás las mismas organizaciones criminales que rivalizan entre sí, autodenominadas Los Lobos y R7.

Si bien Carrillo atribuyó la masacre de Santo Domingo a la llegada a esta prisión de Freddy Anchundia, uno de los presuntos líderes de los R7 que las autoridades señalan como causante de la matanza de Cuenca, fueron muchos más los presos que fueron trasladados de Cuenca a Santo Domingo tras la masacre del 3 de abril.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, Pablo Ramírez, reconoció en declaraciones al canal Teleamazonas que fueron 124 los presos trasladados desde la cárcel de Cuenca a la de Santo Domingo en abril.

Estos traslados se dieron en cumplimientos de habeas corpus otorgados por la Justicia ecuatoriana, a petición de los mismos presos, pese a la oposición del SNAI, el organismo encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas.

Esto agravó el hacinamiento de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, una prisión con capacidad para 916 reos, pero que a finales de abril sobrepasaba los 1,600, lo que supone una sobrepoblación del 76 %, según los datos del SNAI.

Sin embargo, la Corte Provincia de Justicia de Azuay, cuya capital es Cuenca, rechazó en un comunicado haber propiciado con sus decisiones la matanza en Santo Domingo y afirmó que el único culpable de la crisis carcelaria es el SNAI por haber perdido el control de las prisiones y permitir que ingresen armas letales.

CUENCA NO QUIERE MÁS PRESOS

Mientras, en Cuenca, ante los rumores de un posible nuevo amotinamiento, la seguridad de la cárcel fue reforzada con un destacamento de policías y militares, así como con ambulancias en los exteriores.

Al mismo tiempo, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se opuso firmemente a la llegada de más presos al centro penitenciario que se encuentra a las afueras de su ciudad.

"Cuenca se respeta. Vamos a realizar todas las acciones necesarias para que la paz, la seguridad y la libertad de las familias cuencanas se precautelen", afirmó en una declaración donde convocó a una asamblea ciudadana para la tarde del martes para reclamar "no más engaños ni falsas promesas".

"El último amotinamiento del 3 de abril demuestra que no cuenta con las condiciones para albergar más personas privadas de la libertad ni de garantizar las condiciones de seguridad mínimas para proteger a las zonas aledañas y por supuesto a nuestra ciudad", sostuvo Palacios.

BACHELET RESPONSABILIZA AL ESTADO

Esta situación no ha pasado inadvertida para la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien este martes apuntó al Estado como responsable de las muertes por ser personas bajo su custodia y exigió investigar los hechos y reformar el sistema de Justicia y el penitenciario.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que instaba al Gobierno ecuatoriano a recuperar el control de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

De acuerdo con el director del SNAI, actualmente hay 33,000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30,000.

Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno de Ecuador busca contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5,000 indultos a presos condenados por delitos menores e implementar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.

CORTE DE JUSTICIA RECHAZA HABER PROPICIADO LA MATANZA

La Corte Provincial de Justicia de Azuay, en el sur de Ecuador, rechazó este martes que sus recientes decisiones de traslado de presos de la cárcel de Cuenca hayan propiciado la matanza de 44 presos el lunes en un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada en el centro norte.

De este modo, los jueces de Azuay respondieron a las declaraciones realizadas horas antes por el director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, Pablo Ramírez, quien aseguró que las decisiones de trasladar 124 presos de una cárcel a otra causaron el reciente baño de sangre.

En un comunicado, la presidenta de la Corte, Alexandra Vallejo, afirmó que los jueces y juezas no son responsables de la crisis carcelaria de Ecuador, que acumula más de 400 presos muertos desde 2020 en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control interno de los centros penitenciarios.

Vallejo recordó que la seguridad de las cárceles es responsabilidad únicamente del SNAI, el organismo estatal encargado de administrar y custodiar las prisiones, al que acusó de haber perdido el control de los mismos y permitir el ingreso de armas letales letales con las que se perpetran las matanzas.

En ese sentido, la jueza detalló que la Corte de Azuay recibió 123 solicitudes de habeas corpus de presos recluidos en la cárcel de Cuenca, después de que esta fuese escenario el 3 de abril de la primera gran matanza de este 2022 en las prisiones de Ecuador, donde murieron 20 reos y al menos otros 10 quedaron heridos.

"Ante las masacres que se vienen perpetrando, es lógico el temor que las personas privadas de libertad tienen de ser la próxima víctima, y en algunos casos ya han sido amenazados", señaló la jueza en un comunicado.

"Ese es un temor real, inminente y objetivo, razón por la cual se interponen habeas corpus", añadió.

Además, la presidente de la Corte apuntó que "es el SNAI el que debe demostrar que no corre riesgo la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia, pero al llegar a las audiencias los funcionarios tienen un papel pasivo y su defensa es nula", e incluso aseguró que no presentan apelaciones en la mayoría de casos.

TRASLADOS SIN PREVIA COORDINACIÓN

Esto contradice lo afirmado en la mañana de este martes por Ramírez, quien atribuyó la matanza de la cárcel de Santo Domingo a los numerosos habeas corpus concedidos en las últimas semanas a presos de la cárcel de Azuay para ser trasladados a esta prisión.

En declaraciones al canal Teleamazonas, Ramírez aseguró que la Justicia concedió el traslado de la cárcel de Cuenca a la de Santo Domingo a 124 reclusos que lo solicitaron tras la matanza del 3 de abril.

El director del SNAI aseveró también que estas decisiones judiciales dificultan la gobernanza de las prisiones al realizarse sin el aval de los informes de seguridad de su organismo, y sin tener en cuenta criterios como el nivel de peligrosidad del preso, el hacinamiento, los recursos humanos y logísticos y la infraestructura.

La cárcel de Santo Domingo es una de las más hacinadas de Ecuador, pues cuenta con espacio para 916 reclusos, pero actualmente alberga más de 1,600, lo que supone una sobrepoblación de casi el 75%.