¿Por qué Feijóo tiene pocas posibilidades de convertirse en presidente del gobierno español?

BARCELONA (AP) — El líder de los conservadores españoles, Alberto Núñez Feijóo, tendrá su oportunidad de formar un nuevo gobierno esta semana en lo que se ha considerado una causa perdida, dada su falta de apoyo en las Cortes Generales.

El Partido Popular (PP) que preside Feijóo obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones nacionales no concluyentes del 23 de julio, que dejaron a todos los partidos muy por debajo de la mayoría absoluta y con un camino difícil para llegar al poder.

Si Feijóo fracasa en su intento como se prevé, entonces el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tendría su oportunidad de permanecer en el Palacio de la Moncloa si logra reunir el apoyo de un grupo variopinto de partidos de izquierda, regionalistas e incluso separatistas.

Esto es lo que hay que saber sobre el intento de investidura de Feijóo que comienza con su discurso parlamentario del martes.

El presidente del Partido Popular, la tradicional fuerza de centroderecha de España, tendrá dos oportunidades de convertirse en el presidente de gobierno de la cuarta economía más grande de la Unión Europea. Pero salvo una sorpresa, se quedará corto en la votación de sus colegas legisladores en ambos días.

El miércoles, tras 24 horas de debate parlamentario, Feijóo necesitaría ganar una mayoría absoluta de 176 votos en el Congreso de los Diputados de 350 escaños, con sede en Madrid.

Si no alcanza esa cifra, el viernes el listón se bajaría y el candidato sólo necesitaría más votos de “Sí” que de “No”. Ese escenario abriría la posibilidad de que los votos de abstención inclinen la balanza a su favor.

El PP tiene 137 escaños, más que cualquier partido. Pero incluso con los 33 sufragios del partido de extrema derecha Vox, y dos más de pequeños partidos conservadores de Navarra y las Islas Canarias, todavía le faltan cuatro votos.

Las posibilidades de Feijóo parecen depender de la abstención en la votación, lo que sería una sorpresa.

Los dos partidos separatistas catalanes que podrían influir han descartado abstenerse, dado lo que consideran la actitud beligerante del PP hacia su movimiento independentista.

Eso deja al partido conservador vasco PNV, que ha dicho que cualquier acuerdo que pueda asociarlos con Vox —que quiere un Estado centralizado y no condena al dictador del siglo XX, Francisco Franco— sería un fracaso.

“Vox es un elefante que está en medio del pasillo …. y que, por mucho que quieran, no pueden esconder”, dijo el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en la Radio Nacional de España.

Las dificultades que enfrenta Feijóo se hicieron evidentes en agosto cuando los socialistas, a pesar de ser la segunda fuerza más grande en el Congreso de los Diputados, obtuvieron más votos que el PP para elegir a un socialista para el puesto de presidente de ese recinto legislativo.

Una derrota de Feijóo iniciaría automáticamente un período de dos meses, durante el cual otros candidatos pueden presentarse para intentar obtener el respaldo de las Cortes Generales —el Parlamento del país— para formar un nuevo gobierno. Si ningún candidato puede pasar la prueba, entonces las Cortes Generales se disolverían el 27 de noviembre, y el 14 de enero se convocaría a elecciones.

Sánchez y sus aliados ya han dado por sentado que Feijóo perderá y están trabajando con el fin de reunir el apoyo necesario para repetir su coalición de izquierda de los socialistas y el partido de izquierda Sumar.

Sin embargo, el precio será costoso. Sánchez también dependería del respaldo del partido separatista catalán Junts, cuyo líder, Carles Puigdemont, es un prófugo de la ley española que reside en Bruselas, donde ocupa un escaño en el Parlamento Europeo.

Puigdemont huyó de España en 2017 después de liderar un fallido intento de independencia de Cataluña. Aunque el apoyo a los partidos separatistas disminuyó en las elecciones de julio mientras crecía para los partidos unionistas liderados por los socialistas en Cataluña, ahora Puigdemont tiene fuerte peso político gracias a los siete escaños de Junts en las Cortes Generales.

Su exigencia es nada menos que una amnistía para un número no especificado —que podría ser de varios miles— de catalanes que enfrentan problemas jurídicos por el papel que desempeñaron en el intento separatista de hace seis años.

Una amnistía sería impopular para muchos españoles, especialmente porque Puigdemont y muchos de sus seguidores no se arrepienten de haber estado a punto de dividir el país.

Si bien ningún socialista ha hablado públicamente sobre una amnistía, en el pasado Sánchez ha indultado a líderes de alto perfil del movimiento y parece dispuesto a sopesar un acto de gracia aún mayor para, como él dice, “normalizar” la política en el noreste de Cataluña.

Mientras los rumores de una posible amnistía eclipsan su propio debate de investidura, Feijóo intenta utilizar la controversia que está generando la posible amnistía para incrementar sus escasas posibilidades.

El domingo, 40 mil personas según el gobierno central —y hasta 60 mil según el PP— se sumaron a una protesta y manifestación en Madrid contra una posible amnistía.

La demostración de fuerza ocurrió tras repetidos llamamientos de representantes del partido a los socialistas descontentos para que apoyaran la investidura de Feijóo, ello con el fin de impedir que Sánchez llegue a un acuerdo con los separatistas.

La maniobra de los socialistas para mantener a Sánchez en el poder “sólo tiene un nombre”, dijo Feijóo ante la multitud: “Falta de dignidad”.

El líder conservador de 62 años, que pasó toda su carrera política como un político regional reservado en Galicia, una comunidad autónoma rural del noroeste del país, podría enfrentar críticas dentro de su propio partido si no logra convertirse en presidente de gobierno.

Considerado moderado, Feijóo ya enfrenta la presión de los simpatizantes de Isabel Díaz Ayuso, la popular líder de la región de Madrid y de tendencia más radical, que se enfrentó repetidamente con Sánchez durante la pandemia de COVID-19 por las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno central.