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LISBOA Las máximas autoridades políticas de Portugal, así como representantes de los equipos de socorro y decenas de ciudadanos recordaron hoy con una misa a las 66 personas que murieron hace dos años en el incendio de Pedrógão Grande, el más mortífero de los que han asolado el país.
El aniversario de la tragedia, que dio la vuelta al mundo, se ha conmemorado en la localidad de Castanheira de Pera, vecina a Pedrógão Grande y también afectada por las llamas, que tardaron una semana en extinguirse.
En el incendio murieron 66 personas, 47 de ellas cuando trataban de huir a través de la vía nacional 236, rebautizada por los portugueses como la "carretera de la muerte" tras convertirse aquel 17 de junio de 2017 en una ratonera.
Además, más de 250 personas resultaron heridas y cerca de 500 casas y más de 46,000 hectáreas fueron arrasadas.
La tragedia de Pedrógão Grande generó un trauma nacional y dejó marcado a un municipio que aún no se ha recuperado del todo, dijo el alcalde, Valdemar Alves, durante los homenajes de hoy.
"Las llamas se fueron, pero el infierno se quedó", declaró a periodistas Alves, quien asegura que los vecinos "están con miedo y expectativa" de que se avance más deprisa en la recuperación de la floresta de la zona.
A la misa de Castanheira de Pera asistieron el presidente de Portugal, el conservador Marcelo de Sousa, quien ha rehusado hacer declaraciones, y el primer ministro, el socialista António Costa, que insistió en que "las causas profundas (de los incendios) nunca serán resueltas por los medios de combate".
Estas causas, subrayó, solo se resolverán cuando se "concluya la reforma de la floresta" y se revitalicen los territorios "de baja densidad".
También acudió a la localidad el presidente del Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, y la líder del democristiano CDS-PP, Assunção Cristas, quien apuntó que "debe hacerse más para erradicar el sentimiento de abandono en el interior del país".
El incendio de Pedrógão Grande marcó 2017, un año negro al sumarse la oleada de fuegos de ese octubre, que dejó 45 víctimas mortales en el centro y norte de Portugal.
El Estado luso, muy cuestionado por los fallos de coordinación entre las autoridades de socorro, asumió la responsabilidad por las más de cien muertes en total y pagó 31 millones de euros en indemnizaciones a familiares de las víctimas.