Preocupación de la ONU por la independencia judicial en México

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, externó hoy su preocupación por los señalamientos, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra jueces, y advirtió que ello puede derivar en "hostigamientos y abusos".

En su cuenta de X, Satterthwaite se declaró preocupada por "el presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo [mexicano] para estigmatizar y tachar de ´corruptos´ a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales".

La relatora recalcó que "un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o del contenido de sus decisiones y sentencias independientes".

En ese sentido, consideró que "el hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como ´corruptos´ o ´delincuentes´ por sus decisiones judiciales es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del poder judicial".

Satterthwaite subrayó que "es responsabilidad del Estado mexicano proteger a jueces y magistrados para que trabajen con seguridad. Las autoridades deben garantizar personal y recursos suficientes para su protección y no retirar las medidas de seguridad otorgadas".

Reconoció que "la corrupción judicial es un tema grave", pero defendió que "los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso. Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no califican como un método efectivo para combatir la corrupción. Por el contrario, amenazan con influir indebidamente en el personal judicial".

Junto con su hilo en X, la relatora remitió a una carta con fecha del 16 de abril de 2024, enviada al gobierno de López Obrador, solicitando atender, con carácter de "urgente", las denuncias sobre "la presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, que emanan de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno".

La carta señala directamente a López Obrador, a legisladores de Morena y a la Procuraduría General de la República de haber "agredido verbalmente y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuales estarían aparentemente en desacuerdo".

Menciona específicamente casos como el del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, a quien, denunció la relatora, "el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana lo acusó de ´favorecer a delincuentes´ y, sin proporcionar contexto ni explicar los razonamientos jurídicos" de Osorio en sus decisiones.

Los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Samuel Ventura Ramos y las juezas Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo y Soyla Rosa Cárdenas Bahena estarían en la misma situación, dijo Satterthwaite.

La relatora pidió al gobierno de López Obrador facilitar información respecto a las acusaciones y sobre las salvaguardias adoptadas por su gobierno para garantizar que los señalamientos lanzados contra los jueces, principalmente en el espacio de Las Mañaneras, "son exactas".

La experta pidió una respuesta "en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos".

Además de pedir a López Obrador tomar las medidas necesarias para que ese tipo de acusaciones, de haber ocurrido, se repitan, advirtió que expresaría públicamente, como está haciendo en X, sus preocupaciones. "Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata... La opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas".