Presidente de Ecuador justifica su veto parcial a ley del aborto por violación

QUITO, Ecuador (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, justificó este martes su veto parcial al proyecto de ley que regula el aborto por violación, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional (Parlamento), al considerar que este prácticamente estableció "condiciones que favorecen el aborto libre". 

Lasso, de tendencia conservadora, recordó que un fallo de la Corte Constitucional (CC) de abril de 2021 despenalizaba el aborto por violación y mandaba a la Asamblea Nacional a establecer los plazos para la intervención. 

Así, en febrero pasado, la Asamblea estableció que toda mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las dieciocho en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural. 

La Asamblea Nacional "excede las facultades que le otorga la Corte Constitucional y, prácticamente, establece unas condiciones que favorecen al aborto libre", opinó Lasso.  

Por ello, el pasado 15 de marzo, el gobernante vetó de forma parcial la ley aprobada en la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para casos ocurridos en áreas rurales, y sugirió que se unifique el plazo de doce semanas. 

"NO ES UN DERECHO, ES UNA EXCEPCIÓN" 

En el programa "Encontrémonos por la ciudadanía", en el que cada semana invita a dos periodistas de diferentes medios, Lasso dijo en respuesta a una pregunta de Efe que en su decisión respetó el fallo de la CC, y por ello reglamentó "una excepción". "No es un derecho, es un caso excepcional", puntualizó. 

Aseveró que se asesoró con científicos y médicos, y "en el caso de una violación, existe la posibilidad de que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los cinco días del acto de violación, y se puede conocer si se ha producido o no el embarazo". 

Por lo tanto "las doce semanas es un plazo realmente en exceso", dijo antes de recordar que, aunque defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que hizo fue "igualar los plazos y no mover esas doce semanas que decidió la Asamblea Nacional". 

Asimismo, dijo que puso "un poco de orden" en temas como la objeción de conciencia porque "prácticamente era un aborto libre, donde un médico no podía rechazar la posibilidad de inducir un aborto", y "eso es realmente inaceptable". 

"Así que hemos puesto orden en el caos que construyó la Asamblea Nacional al excederse de las facultades que le entregó la Corte Constitucional en el dictamen de abril de 2021", reiteró. 

Al anunciar el veto parcial, Lasso propuso "requisitos" para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual. 

EN MANOS DE LA ASAMBLEA 

La Asamblea Nacional tendrá un mes de plazo para ratificar su resolución original, para lo que necesitará una mayoría de dos tercios (92 votos), o para aceptar las propuestas del Ejecutivo, lo que puede aprobar con mayoría simple (la mitad más uno de votos). 

Adopte o no la propuesta del presidente Lasso, el Legislativo no podrá exceder en su trámite el plazo estipulado, pues de lo contrario el texto presidencial se aprobará por fuerza de ley. 

La decisión de Lasso ha puesto en alerta a las organizaciones feministas, que rechazan la decisión del gobernante. 

Agrupadas en la Plataforma Nacional (OLA), consideran que las decisiones de Lasso "provocarán que el 95 % de las sobrevivientes de violencia sexual no puedan acceder al aborto por violación". 

Opinan que el veto incumple el mandato de la Corte Constitucional de garantizar "que sus actuaciones respeten y garanticen los derechos reconocidos en la Constitución e internacionales de derechos humanos". 

Los grupos feministas opinan que Lasso "ha adecuado argumentos científicos, jurídicos y bioéticos conforme a sus dogmas religiosos y convicciones personales, abusando del poder político que su cargo le significa".