Protecciones legales para trabajadores agrícolas temporales

SANTA ROSA, California, EE.UU. (AP) — Los trabajadores agrícolas temporales tendrán más protecciones legales contra las represalias de sus empleadores, contra condiciones de trabajo inseguras, contra prácticas ilegales de contratación y contra otros abusos, de acuerdo con una norma del Departamento del Trabajo anunciada el viernes.

Cada año, cerca de 300.000 inmigrantes, principalmente mexicanos, realizan trabajos de temporada en granjas estadounidenses. La nueva norma, que entrará en vigor el 28 de junio, abordará los abusos que experimentan quienes trabajan en el programa H-2A y que socavan los estándares de trabajo justo para todos los trabajadores agrícolas.

La secretaria interina del Trabajo Julie Su dijo que la norma tiene el objetivo de "dar vida" a las protecciones existentes para los trabajadores.

"El propósito de nuestra norma es dar a los trabajadores del programa H-2A una mayor capacidad para defenderse y levantar la voz cuando experimenten abusos laborales", dijo Su en un viñedo de Santa Rosa, California, al norte de San Francisco.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció en septiembre una propuesta para la nueva norma, diciendo que ésta mejoraría los requerimientos de seguridad de las granjas y aumentaría la transparencia sobre la forma en que se contrata a esos trabajadores a fin de combatir el tráfico de personas.

El Departamento del Trabajo está obligado a garantizar que el programa H-2A no perjudique los salarios ni las condiciones de trabajo de los estadounidenses que realizan trabajos similares. Los patrones están obligados a pagar el salario mínimo en Estados Unidos o más, según la región. También deben proporcionar alojamiento y alimentación a sus trabajadores temporales.

Los reportes de vehículos abarrotados con obreros del campo y de decesos han aumentado a la par del número de trabajadores temporales, señalan las autoridades. Los accidentes de transporte son una de las principales causas de muerte de los trabajadores agrícolas.

La nueva norma exigirá que los agricultores que empleen trabajadores del programa H-2A proporcionen camionetas y autobuses para trasladar al personal por largas distancias, y que actualmente suelen conducir trabajadores cansados. Todos los pasajeros deberán usar el cinturón de seguridad.

La nueva norma también protege a los trabajadores agrícolas temporales contra las represalias de los empleadores si se reúnen con proveedores de servicios jurídicos o representantes sindicales en el alojamiento proporcionado por el empleador. También los protege contra las represalias si declinan asistir a reuniones de "público cautivo" organizadas por el empleador.

En una medida cuya intención es contrarrestar el tráfico de personas, los empleadores deberán identificar a cualquier persona que contrate trabajadores a su nombre en Estados Unidos u otros países y proporcionar copias de cualquier acuerdo que tengan con tales reclutadores.

La propuesta generó cerca de 13.000 comentarios públicos, entre ellos algunos de grupos industriales que dijeron que los nuevos requisitos regulatorios son excesivos. Ted Sester, propietario de un vivero mayorista en Gresham, Oregon, dijo que dichos requisitos están llenos de "excesos regulatorios".

El Consejo Horticultor del Noroeste dijo que la norma "hace que el complejo programa H-2A resulte aún más difícil de utilizar para los productores, al tiempo que aumenta el riesgo de que éstos puedan perder el acceso al programa sin ser capaces de ejercer el debido proceso, una sentencia de muerte para los cultivadores de árboles frutales del noroeste que lo utilizan".

Los defensores de los derechos laborales elogiaron vehementemente la norma.

"Los trabajadores agrícolas temporales son algunos de los más vulnerables de Estados Unidos, pero esta norma empodera a los trabajadores del programa H-2A para hacer frente a algunos de los mayores desafíos que enfrentan", dijo el viernes el Caucus Laboral del Congreso, compuesto por cerca de 100 miembros del Congreso de inclinación prosindical.

Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, dijo que la norma ayudará a evitar los abusos de los patrones. Indicó que si los empleadores están obligados a revelar sus contratos con sus agentes, será más fácil identificar a los infractores.