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La última vez que Tanna Jo Fillmore habló con su madre, lo hizo desde una cárcel de Utah, molesta, desesperada. La llamó todos los días esa semana, implorando que la ayudasen.
“¡Necesito mi medicina!”, decía.
A los 25 años, Fillmore padecía de trastornos mentales, pero Xanax y una medicina para la hiperactividad la habían estabilizado. Ahora, encerrada por violar los términos de una libertad bajo palabra, una enfermera se negaba a darle sus pastillas, según le dijo a su madre. La última vez que hablaron, Fillmore amenazó con matarse.
Melany Zaoumadakis estaba tan preocupada que llamó al trabajador social a cargo de supervisar a su hija, quien le aseguró que Fillmore estaba siendo vigilada de cerca. Al día siguiente, no obstante, Fillmore se ahorcó en una celda de una cárcel del condado de Duchesne.
El suyo no es un caso aislado.
Las historias como la de Fillmore se cuentan una y otra vez, pero las muertes se siguen sucediendo en penales grandes y pequeños.
Los suicidios, desde hace tiempo la principal causa de muertes en las cárceles de Estados Unidos, llegaron a 50 muertes por cada 100.000 reos en el 2014, el último año con información oficial disponible. Eso es dos veces y media la tasa de suicidios en penales estatales y tres veces y media la de la población en general.
Es un problema que se atribuye generalmente al hecho de que cada vez más personas con trastornos mentales terminan en prisiones, una tendencia que comenzó cuando se cerraron numerosos hospitales psiquiátricos estatales en la década de 1970 y no surgieron las alternativas prometidas. Más recientemente, las cárceles se han llenado de adictos a opioides y metanfetaminas, muchos de los cuales sobrellevan depresiones y síntomas derivados de la abstinencia.
Se han planteado problemáticos interrogantes en torno al trato de los reos con trastornos mentales en las 3,100 cárceles municipales del país, de la posibilidad de que haya manejos negligentes y de que algunas de estas muertes hayan podido ser evitadas.
Una investigación conjunta de la Associated Press y el Servicio Noticioso Capital de la Universidad de Maryland indicó que muchas prisiones han sido demandadas o están siendo investigadas bajo sospecha de negarles medicinas a los reos, ignorar pedidos de ayuda, de no supervisarlos debidamente o de imponer condiciones demasiado severas.
Una revisión de 165 demandas que involucran suicidios en cárceles municipales reveló:
— En uno de cada tres casos el personal no habría suministrado las medicinas recetadas.
— Muchos presos no son observados regularmente --generalmente cada 15 o 30 minutos-- por la escasez de personal o por una deficiente capacitación.
— Más de la mitad de los suicidios e intentos de suicidio ocurren en la primera semana y un 80% de los reos esperaban juicio.
— Con frecuencia se usó ropa, sábanas o cortinas de la ducha; a algunos reos se les dieron hojitas de afeitar a pesar de que se alertó al personal que podían usarlas para hacerse daño.
Estas demandas representan apenas una parte menor del problema. Un informe exclusivo del estado de cosas en 50 estados indicó que hubo más de 300 suicidios en cárceles municipales entre el 2015 y 2017... tan solo en nueve estados. Los otros estados no suministraron la información o presentaron información incompleta.
Estadísticas del gobierno nacional del 2014 señalan que hubo 372 suicidios ese año en las 3 mil cárceles estudiadas.
Lo peor de todo esto, según abogados y defensores de los derechos civiles, es que estas muertes son mayormente evitables.
“La gran mayoría eran previsibles y prevenibles”, sostuvo Lori Rifkin, abogada defensora de los derechos de los presos de California. “Pero esto sigue sucediendo porque, en términos generales, considero que, por una cuestión cultural, se tiende a desestimar los indicios que ayudan a pronosticar suicidios y a ignorar los pasos necesarios para prevenirlos”.
Jonathan Thompson, director de la Asociación Nacional de Sheriffs, sostuvo que el informe es absurdo y que los empleados de las cárceles son colocados en situaciones imposibles.
“No somos una nación de psicólogos”, afirmó. “Decidimos alojar a las personas con trastornos mentales en una cárcel... que no está equipada ni capacitada para manejarlas ni es capaz de resolver los problemas de forma eficiente y efectiva”.
“Lo que falla aquí no es lo que hace o deja de hacer un agente. Lo que falla es que se coloca a estos pacientes mentales en un ambiente de delincuentes”, acotó.
