Estrategia de Trump contra los santuarios de inmigración

Las ominosas cartas se enviaron a cientos de funcionarios estatales y locales en Estados Unidos dos días antes de Navidad. Trazaban un posible camino que podría tomar el gobierno de Trump para atacar a las jurisdicciones "santuario" que se resistan las deportaciones masivas.

Las misivas amenazaban con procesos penales y demandas dirigidas a las finanzas personales de los funcionarios. Aludían a la ley RICO, una norma federal que se usa a menudo para combatir el crimen organizado.

"Usted y sus subordinados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión", dijo en la carta America First Legal Foundation, un grupo liderado por asesores actuales y anteriores del presidente electo Donald Trump. Su presidente, Stephen Miller, será el subdirector de política en el nuevo gobierno y es desde hace mucho un ideólogo de las políticas de inmigración de Trump.

Los destinatarios de las cartas eran funcionarios de ciudades, condados y estados santuario, un término arraigado en leyes medievales que hoy abarca una gama de protecciones para los inmigrantes, particularmente aquellos que viven en el país sin permiso de residencia. Las jurisdicciones santuario o refugio limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Algunos fueron elegidos por declaraciones que hicieron después de la victoria electoral de Trump. Maura Healey, la gobernadora demócrata de Massachusetts, ha sido criticada por jurar que empleará "todas las herramientas en la caja de herramientas" para resistir las deportaciones masivas en su estado. Pero la mayoría entró en la lista por negarse a ayudar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a retener a personas buscadas por estar en el país sin permiso de residencia.

Las advertencias pueden ser un atisbo de la estrategia legal de Trump contra la inmigración y sobre su promesa de deportaciones masivas. Acusan a los funcionarios de violar varias normas federales, incluyendo una contra el contrabando de inmigrantes y otra contra interferir con la labor de los agentes federales.

Un funcionario dijo el sábado que después de que Trump asuma el cargo el lunes comenzará una operación federal de inmigración centrada en Chicago, dirigida contra más de 300 personas con historiales de crímenes violentos. Chicago ha sido una ciudad refugio durante décadas, y algunos funcionarios allí han dicho que se retractarán de esos compromisos.

Los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de la mayoría de las leyes de refugio.

"Las leyes santuario no protegen ni albergan ni ocultan a los llamados ´extranjeros ilegales´", dijo Mark Fleming, abogado del National Immigration Justice Center con sede en Chicago, un grupo proinmigración. "Lo que dicen las leyes es ´su papel (como funcionarios federales) es hacer cumplir la inmigración. Nuestro papel no lo es, y no vamos a participar´".

Los abogados de inmigración ridiculizaron los argumentos legales de las cartas. La policía y los funcionarios en las jurisdicciones santuario, señalaron, aplican leyes promulgadas de forma legal.

Pero los funcionarios, abogados y defensores de la inmigración se han tomado sus cartas en serio. La participación de Miller, un destacado asesor en el primer mandato de Trump y una figura importante en muchas decisiones políticas, especialmente en inmigración, supone que no tienen otra opción.

Además, dicen muchos, es posible que los argumentos legales ni siquiera sean relevantes.

"En realidad cartas como estas tratan más de sembrar el miedo que de articular algo que se sostenga desde un punto de vista legal", dijo Sirine Shebaya, abogada y directora ejecutiva del National Immigration Project.

Es un miedo que puede utilizarse contra los funcionarios y contra los propios inmigrantes.

"Estamos escuchando mucha preocupación de nuestros miembros de la comunidad inmigrante sobre si la ciudad continuará (como santuario) o si terminarán con ello", dijo Peter Pedemonti, codirector del Movimiento Nuevo Santuario de Filadelfia.

Durante el primer gobierno de Trump, la Casa Blanca intentó emplear herramientas financieras contra las jurisdicciones santuario negándoles subvenciones de seguridad pública que pueden ser clave para los presupuestos de las fuerzas del orden. Los tribunales rechazaron en gran medida esos intentos, aunque algunos leales a Trump dicen que eso podría volver a suceder en su segundo mandato.

Las cartas pueden apuntar a que el gobierno recurrirá a armas legales. Se enviaron cartas a más de 200 funcionarios, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y funcionarios del condado de Maine, Nebraska y California.

Son en gran parte idénticas, aunque ocasionalmente personalizadas con detalles de crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes en la jurisdicción de un funcionario en particular.

Todas están llenas de advertencias graves.

"Cada uno de ustedes podría enfrentar un proceso penal y responsabilidades civiles por sus actos ilegales", escribió James Rogers, responsable legal de la America First Legal Foundation.

"Los empleados en su jurisdicción implicados en la aplicación de políticas santuario que impiden que los agentes federales de inmigración lleven a cabo sus deberes podrían arriesgarse a hasta seis años de prisión", escribió.

Aunque la mayoría de los abogados se burlan de esas amenazas, también saben que los argumentos legales endebles no necesariamente impiden los procesamientos.

"Creo que estas amenazas son en realidad un engranaje crítico en la estrategia", dijo Fleming. "Porque la realidad es que incluso si pierden, pueden ganar al hacer pasar a alguien por esto".

El temor a casos judiciales implacables, particularmente en jurisdicciones más pequeñas sin equipos de abogados, podría hacer que las autoridades den marcha atrás en las leyes santuario, o incluso permitan que la policía local trabaje con agentes federales de inmigración.

El ICE, que tiene solo 21.000 empleados, muchos de ellos administrativos o personal de apoyo, necesitaría una inmensa ayuda de las fuerzas del orden locales para cumplir con las promesas de Trump de deportaciones masivas.

Las designaciones de refugio ya han causado profundas divisiones en algunas jurisdicciones. Varios jefes de policía en California, Washington y otros lugares han prometido ignorar las políticas santuario. En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha dicho que está dispuesto a suspender a funcionarios electos si "descuidan sus deberes" en el marco de las órdenes migratorias prometidas por Trump.

Pero los líderes demócratas, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y Hochul de Nueva York, juraron después de la victoria electoral de Trump que se mantendrían firmes en sus políticas de refugio.

Unos días después de las elecciones, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, insistió en que la fuerza policial de la ciudad no ayudaría a los agentes del ICE con las deportaciones.

"No nos doblegaremos ni quebraremos", dijo Johnson a los periodistas.

La pregunta es si los funcionarios responsables de las medidas de refugio se mantendrán firmes frente a las amenazas legales personales y una Casa Blanca entrante que ha dejado claro que la inmigración es un tema prioritario.

"Stephen Miller va a ser el asesor adjunto del presidente", dijo R. Linus Chan, abogado que trabaja con inmigrantes detenidos por ICE, y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. "Así que realmente no le puedes ignorar".