Van PAN, PRI y PRD a la Corte contra amparo y amnistía

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas en materia de amparo y amnistía.

Estas fueron aprobadas por Morena y sus aliados en abril pasado, y publicadas en el "Diario Oficial de la Federación" (DOF) por el Ejecutivo el mes pasado.

Ambas reformas fueron propuestas por el senador Ricardo Monreal el 3 de abril en el Senado de la República. En la Ley de Amparo se estableció que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

El propósito es que en los juicios de amparo se elimine la posibilidad de que órganos jurisdiccionales resuelvan sobre la suspensión provisional cuando se esté en contra del orden público, el interés general o contra leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede declarar inconstitucionales leyes promovidas por el Ejecutivo, como sucedió con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en enero de este año.

Mientras que la reforma a la Ley de Amnistía estableció que el Presidente de la República podrá otorgar la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten datos en casos relevantes para el Estado.

La amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas.

Los grupos parlamentarios señalaron que la reforma a la Ley de Amparo va en contra del artículo 17 de la Constitución, que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva; y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.

"Esta reforma atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011 y con los criterios judiciales que limitaron el principio de relatividad de la sentencia del amparo. Con ello se restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas", expone el documento presentado.

También, puntualiza, impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía.

"Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección. Con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos", subrayaron los partidos.

Refirieron que el objetivo de la reforma es dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos.

"Con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando estos afecten los derechos humanos de la ciudadanía", explicaron.

En la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Amnistía dijeron que viola el derecho de acceso a la justicia y la reparación para las víctimas, pues impediría que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.

La amnistía otorgada bajo esta modalidad, refirieron, genera impunidad e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas.

"Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el Estado de derecho", indicaron.