Acciones legales contra minas terrestres en Tierra Caliente

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) impugnó la resolución del juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, que ordena al Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, realizar acciones eficaces para localizar y destruir las minas terrestres sembradas por el crimen organizado en la Tierra Caliente.

El subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Defensa Nacional interpuso una queja contra la suspensión provisional que Santamaría Chamú, investigado por la FGR por sus fallos contra la reforma judicial, concedió en el juicio de amparo que habitantes de Buenavista Tomatlán tramitaron para reclamar la omisión de autoridades federales y estatales de desplegar acciones para identificar los sitios en los que se han colocado estos artefactos explosivos.

El 7 de marzo, un grupo de habitantes de las comunidades de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, solicitó la protección de la justicia federal ante la falta de acciones para identificar las zonas en las que el crimen organizado a instalado minas terrestres en Michoacán, específicamente en la región de Tierra Caliente.

En consecuencia, el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, ordenó a dependencias federales y estatales desplegar elementos necesarios a su cargo para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas instaladas en dichas localidades, así como en todas aquellas áreas de la región de Tierra Caliente de Michoacán, en la que se encuentres estos artefactos de fabricación artesanal.

Asimismo, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como representante del Estado mexicano, elaborar un programa nacional de desminado para determinar la extensión y ámbito del problema de las minas en la zona Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, que deberá contener "el número estimado de días, meses o años necesarios para destruir todas las minas de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Mexicano".

En el escrito de demanda, los habitantes señalan que todos los días corren el riesgo de perder su vida a manos del crimen organizado, por la colocación clandestina de dichas minas en sitios estratégicos.

"Existe un riesgo latente y diario de que los habitantes de nuestra comunidad y aledañas pierdan la vida, porque desconocen dónde están ubicados dichos dispositivos explosivos".

A la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía del Estado le reclamaron la omisión de investigar los casos de personas fallecidas a causa de las minas terrestres del crimen organizado, como el del maestro Ramón Paz Salinas, quien murió al explotarle una mina terrestre, mientras viajaba en su vehículo en la zona rural de Apatzingán.

Así como el de Pablo, el adolescente jornalero que murió al pisar una mina cuando trabajaba en una huerta de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán.

Aseguran que en las localidades de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, y sus zonas aledañas, se encuentran instaladas, clandestinamente, minas terrestres, lo que pone en riesgo su vida, la de su familia, amigos y seres queridos.